Organizaciones sociales de Jujuy presentaron ante la Legislatura local un pedido de juicio político a las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu), entidad responsable de "autorizar los aumentos tarifarios" de energía eléctrica.
JUDICIALES27 de octubre de 2022
Fernando Burgos
El reclamo es consecuencia del conflicto que lleva más de tres meses por el envío de facturas con incrementos en la tarifa del servicio de electricidad por parte de la empresa prestataria, Ejesa.
La solicitud de juicio político de las organizaciones sociales apunta a los funcionarios Carlos Alberto Oheler y Leopoldo Hugo Montaño, -integrantes del directorio de la Susepu- por "incumplimiento en los deberes de funcionario público y abuso de poder", indicaron.
El pedido fue presentado por el Movimiento Evita, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Corriente Nacional Martin Fierro Jujuy, Movimiento UNA Jujuy, Agrupación Peronista Artur Jauretche, Frente 22 de Agosto, Somos Barrio de Pie), CTA De Los Trabajadores, Movimiento Popular La Dignidad, Organizaciones Libres del Pueblo, Corriente Nuestra Patria, Libres del Sur, Movimiento Indígena Campesino-Cloc Vía Campesina, Corriente Pueblo Unido Jujuy y la Corriente Docente Sindical Marina Vilte.
Las organizaciones precisaron que se trata de una "excesiva readecuación tarifaria y falta de procedimiento legal constitucional, perjudicando a los más de 55.000 usuarios de Ejesa, conforme al artículo 203° y ss. de la Constitución Provincial".
En ese marco, también pidieron que se "proceda a la suspensión de los funcionarios denunciados, se los aparte de manera preventiva del cargo, inhabilitándolos para la firma de cualquier resolución que implique perjuicios económicos para los ciudadanos de la provincia" y "se inicie sumario, facilitando el ejercicio del derecho de defensa de los denunciados y se sostenga la medida hasta que se resuelva la cuestión de fondo".
Los integrantes de las organizaciones sostienen que por una resolución del organismo contralor se concedió a la empresa concesionaria "una refacturación nunca informada, retroactiva y que implicó aumento que van desde el 42% al 2500%, dando un promedio de aumento del 690%", según sostiene el documento presentado.
Asimismo, recordaron que el pasado 28 de junio, los miembros del directorio, "dictaron la Resolución N° 182/22 lo que le permitió a la Empresa Ejesa, cobre de forma retroactiva los aumentos de la luz".
Además, señalaron que "este enriquecimiento ilegal e injustificado, opera desde que se le permite la empresa Ejesa la re facturación del 1° de mayo del año 2022, cuando formalmente recién el 8 de agosto del 2022, se realizó la publicación del aumento tarifario".
En ese contexto, consideraron que se trata de un "incremento que es confiscatorio, que a su vez es ilegal e inmoral, teniendo en cuenta que los aumentos salariales para el sector público en Jujuy, llegan al 20%, siendo confiscatorio el nivel de aumentos dados a los mismos, que van del 42% al 2500%".
"¿Quién puede pagar semejante aumento?", se preguntaron sobre los aumentos tarifarios que señalaron "genera en los ciudadanos y ciudadanas de Jujuy, un menoscabo a su capital privado, y generando un derecho a una eventual privación del vital servicio a quienes no puedan pagar una factura proscriptiva de la luz, por el excesivo aumento".
La medida provocó en los últimos meses movilizaciones por parte de organizaciones sociales, sindicales y políticas para exigir a las autoridades del Gobierno jujeño una resolución al conflicto al tiempo que se requirió dejar sin efectos los aumentos tarifarios.
Asimismo, organismos de defensa al consumidor llevaron los reclamos a la Justicia ordinaria, y presentaron un recurso de amparo por lo que el Poder Judicial, ordenó en el mes de agosto pasado la suspensión de los cortes del servicio de energía eléctrica por facturas impagas de los usuarios y estableció que la Susepu debe velar por la medida. (Télam)
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
La Justicia federal ordenó reparar la cancha y devolver las tierras expropiadas a la familia Moyoja Cruz en el plazo de treinta días, según lo establecido en un acuerdo homologado entre el Ministerio Publico Fiscal federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia.
El hecho de sangre ocurrió en la madrugada del martes en un edificio ubicado en la esquina de las calles Entre Ríos y Belgrano, en el barrio Centro de esa ciudad.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
El cadáver hallado por pescadores en el sector conocido como Bahía de Los Monos, en el dique de las Maderas, sería del dueño de la residencial ubicada en la vieja terminal, identificado como Federico Matias Agudo, de 44 años de edad.
Fue denunciado como desaparecido la semana pasada, afrontaba una investigación por su participación en los casos de grooming, abusos sexuales, facilitamiento de la prostitución, corrupción de menores y asociación ilícita que se cometían en hotel ubicado en la vieja terminal.
Fabiana Checa, ex esposa del Fiscal del actual Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, fue citada por la justicia para una pericia psicológica por un grave hecho de violencia sufrido en el 2006. A pesar de los avances en cuanto las declaraciones testimoniales y pericias, todavía la justicia no imputó al funcionario provincial.
Desde el 5 de noviembre, se realizaron múltiples allanamientos que derivaron en la detención de seis personas en el primer procedimiento, ocho en el segundo, tres en días posteriores y una más esta semana, en el marco de la Causa donde se investiga la trata y explotación sexual de menores de edad en un residencial de la vieja terminal.
El Gobierno ratificó hoy que los salones y establecimientos que pasen música en eventos privados no tienen que pagar derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC).
Dirigentes del gremio que agrupa a docentes del nivel medio y superior, aseguraron que este sábado en asamblea se definirá el plan de lucha exigiendo que el gobierno no descuente los días de huelga.
“Resulta “vergonzoso” que la Justicia Federal sin siquiera haber concurrido al lugar, tome la decisión de impedir la construcción de una escuela” afirmó el legislador radical luego de que la justicia federal dispusiera, en acuerdo con la Fiscalia de Estado, la restitución de la cancha a los pobladores de Caspala, donde el gobierno pretendía construir una escuela.