Se trata de Miguel Ángel Bautista, quien tenía múltiples denuncias por contrabando agravado. La condena a más de 4 años de prisión incluye el decomiso de bienes valuados en más de 500 millones de pesos.
JUDICIALES03 de septiembre de 2025
El Expreso de Jujuy
Mediante un acuerdo de juicio abreviado, el hombre recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión. En la sentencia, lo consideraron responsable del intento de sacar un colectivo ilegalmente del país y del contrabando de 18 toneladas de hierro. En materia de lavado de activos, en tanto, se descubrió que hacía circular sumas millonarias a través de choferes de una empresa de transporte.
Durante los allanamientos realizados se incautaron más de 125 millones de pesos en efectivo. - Foto: Gendarmería Nacional
Durante los allanamientos realizados se incautaron más de 125 millones de pesos en efectivo.
El juez federal de Garantías N°1 de Jujuy, Esteban Hansen, homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a 4 años y 6 meses de prisión a un comerciante por el contrabando de 18 toneladas de hierro, por haber intentado sacar del país ilegalmente un vehículo valuado en más de 26 millones de pesos y por maniobras de lavado de activos de hasta 6 millones de pesos. En representación del Ministerio Público Fiscal, intervino en el caso el titular del Área de Casos Complejos Federico Zurueta.
En la sentencia, dictada el 11 de julio pasado, se consideró a Miguel Ángel Bautista como responsable de un episodio de contrabando de importación y exportación de mercaderías; un hecho de contrabando de exportación en grado de tentativa y un hecho de encubrimiento, todo en concurso real con lavado de activos.
Además de la condena, se ordenó el decomiso de 18 toneladas de hierro, entre rollos de alambre y barras de distintos calibres, como así también de un colectivo Mercedes Benz y de mercadería, tanto de origen extranjero como local. Esos bienes -con excepción de la mercadería de origen nacional que seguirá bajo la órbita de la fiscalía- quedaron a disposición de la Dirección General de Aduana.
También se dispuso el decomiso de dos camionetas Toyota Hilux SW4, un auto elevador marca Sampi, una motocicleta Honda modelo tornado 250 y tres celulares junto con 125.234.070 pesos, 2.100 dólares y 429.170,00 pesos bolivianos, todo en favor del Estado Nacional.
Uno de los vehiculos decomisados.
Esta confiscación -valuada en más de 500 millones de pesos- fue propuesta por la fiscalía y aceptada por el juez por entender que fueron bienes utilizados para cometer los ilícitos atribuidos a Bautista y que el dinero se trata justamente de ganancias ilícitas obtenidas a través de estas maniobras.
En la audiencia de homologación del acuerdo, la auxiliar fiscal Valentina Casali resaltó la labor realizada en materia de investigación, ya que se trató de un caso complejo. No obstante, la fiscalía pudo determinar la actividad ilegal llevada adelante por Bautista durante muchos años, en materia de contrabando tanto de importación como de exportación.
Como resultado de ello, y en busca de legitimar esas ganancias, realizó distintas maniobras a fin de colocar las divisas con una apariencia legalidad dentro del giro económico que Bautista tenía declarado, principalmente en La Quiaca.
La fiscalía, con la colaboración de personal de Gendarmería Nacional de Salta y Jujuy, pudo probar esta actividad a raíz de una serie de hechos o indicios que sirvieron para iniciar, continuar y desarrollar a lo largo de un largo período la investigación, la que permitió conocer a fondo el modus operandi de Bautista.
Los hechos
El MPF sostuvo que el primero sucedió el 19 de noviembre de 2023 cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca de Gendarmería Nacional, advirtió que un colectivo circulaba con las luces apagadas por el paraje Pueblo Viejo. Los gendarmes lo siguieron hasta el límite fronterizo y a 50 metros del río La Quiaca, los pasajeros se bajaron y se fugaron. Bautista era el chofer del vehículo. Tras detenerlo, se formalizó la imputación en su contra al considerar que la intención final era el paso del colectivo a Bolivia, ya que la unidad está valuada en más de 26 millones de pesos.
En otro caso, registrado el 19 de mayo de 2024, efectivos del mismo escuadrón, pero en la ruta 9 detuvieron la marcha de un camión que llevaba hierros en su acoplado. Al revisar la documentación presentada por el chofer para justificar el transporte de esa carga, se detectaron anomalías en los papeles.
Además, llamó la atención que el cargamento de 18 toneladas de hierro, de origen peruano, iba dirigido a una empresa, de la cual Bautista es socio. Tal es así que, posteriormente, el imputado intentó recuperar el camión con la carga presentándose en el escuadrón, donde reclamó los hierros como propios, pero no tenía la documentación para importar o exportar mercadería.
Por otra parte, la fiscalía refirió aspectos vinculados a dos procedimientos realizados por la misma fuerza, en Salta y Jujuy durante 2022 y 2023. En ambos casos, se detectó a choferes de una misma empresa de transporte que, en la cabina del micro, transportaba fajos de billetes, por 3 y 6 millones de pesos, que eran de Bautista.
De manera complementaria, y a pedido del MPF, el 18 de septiembre del 2024 se allanaron cuatro inmuebles de manera simultánea, circunstancias en la que se secuestraron más elementos probatorios que acreditaron la hipótesis fiscal del caso. A manera estimativa, indicó que se incautaron más de 500 millones de pesos en mercaderías varias, vehículos, dinero y celulares, entre otros bienes.
Cabe destacar que gran parte de esa mercadería fue comisada de forma anticipada a la sentencia por pedido de la Fiscalía y autorizado por el juzgado, ya que se trataba de productos comestibles perecederos y fueron destinadas a una asociación civil sin fines de lucro que acompaña a personas con discapacidad.
En este orden, sostuvo que la conducta ilegal del acusado también fue probada también por los informes realizados por otros órganos vinculados a la materia, como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Delitos Económicos de GNA, los que dieron cuenta de las actividades irregulares.
De igual modo, el MPF mencionó la recopilación de escuchas telefónicas respecto a la conducta y la actividad del contrabando desarrollada por el comerciante, lo que terminó de probarse con la información extraída de los celulares que fueron secuestrados en los allanamientos y de la tarea de campo, tanto en los domicilios del acusado como en los locales comerciales.
Presentado el acuerdo, la defensa prestó conformidad en todos los términos, como así también el propio acusado, tras lo cual el magistrado, sin advertir inconvenientes legales, lo dio por homologado junto con el decomiso de bienes.
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