Todo el sistema público de salud de la provincia, manifestó su indignación y bronca que causó el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020, donde el gobierno de la provincia dispone multa de hasta un millón de pesos y hasta podrían ir presos el personal de salud que incumpla o se niegue a obedecer órdenes del Ministerio de Salud de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus.
JUJUY02 de septiembre de 2020
El Expreso de Jujuy
El Decreto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica será sancionado con multa y hasta con cárcel si se negara a cumplir con las disposiciones de ese organismo.
“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501.-
La reacción de todos los organismos de salud, sectores políticos, de la justicia y la sociedad entera, se expresó claramente en contra de la medida debido a que avasalla todo derecho que tienen los trabajadores, además de convertirse en una norma anticonstitucional.
“Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea”, opinó la diputada de la Izquierda Natalia Morales.
Consideró además que “este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse”.
El Consejo de Médicos se expresó al respecto y consideró que "Mediante el decreto se pretende intimidar a los profesionales médicos, ya sean del sector público o privado, con apercibimiento de multas y/o persecuciones penales, contravencionales y hasta de responsabilidad civil en manifiesta violación a disposiciones legales de mayor jerarquía", señalaron desde el Consejo y agregaron que expresan su "su profunda disconformidad con los términos del referido decreto frente a la actual situación epidemiológica por Covid-19 los médicos se encuentran cumpliendo con sus funciones atendiendo las patologías propias de la pandemia como el resto de las enfermedades que parece la población y de las cuales el sistema de salud no puede olvidar".
Señalaron que es "innecesario" sumar aún mayor presión a los profesionales médicos, dejándolos "más vulnerables en el peor momento de la pandemia". "Atribuir responsabilidad a los médicos por la deficiente infraestructura del sistema de salud que se ve resentido aún más por la relajación del distanciamiento social es injusto", concluyen.
Por su parte el Colegio Médico observaron que “las sanciones impuestas son ilegales, ilegítimas e inconstitucionales. En ese sentido, indicaron que implican una violación a la Constitución y los tratados de derechos humanos y que significa una amenaza a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia y -en consecuencia- no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio, ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar".
La diputada Alejandra Cejas anticipo “recurrirán a la justicia ya que el decreto “autofaculta” al gobernador a poner multas o inhabilitar a profesionales del sistema de salud que no cumplan las directivas, decisiones o indicaciones que se les den”.
“Es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”, advirtió la legisladora del PJ.
La noticia ganó rápidamente las primeras planas de los medios nacionales, mencionando que la provincia perdió el estado derecho, asumiendo facultades que no le son propias.
Por este motivo, todas las organizaciones de Salud de la provincia, están convocando a una masiva movilización para el día jueves y advierten que de no revertirse esta situación se tomarán medidas de fuerzas muchas más duras que podrían llegar a paralizar el sistema de salud de la provincia.
La dirigente de APOC reconoció que actualmente hay alrededor de 200 puntos de retraso salarial, desde el gobierno del Gerardo Morales y 137% del año y medio que lleva el gobierno de Carlos Sadir. Los gremios estatales volvieron nuevamente a la calle, pidiendo al ejecutivo provincial, la apertura de paritarias salariales para todos los sectores.
ATSA anunció un paro de actividades para este viernes 23 de mayo en todos los establecimientos sanitarios de la provincia. Reclaman al gobierno provincial la convocatoria a paritarias salariales.
La jornada de lucha se lleva a cabo para llamar la atención del gobierno, quién no atiende los reclamos que se vienen planteando desde hace más de dos años, como el pago de plus, horas cátedras, ítems frente alumno, etc. "Los Preceptores estamos en un proceso de lucha, el gobierno de Sadir debe cumplir lo que han firmado en las negociaciones paritarias y sobre todo respetar los derechos adquiridos" destacaron.
Alumnos de la Escuela Técnica Provincial N°1 "Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte" presentaron un sistema de voto electrónico diseñado para optimizar el escrutinio de las elecciones Provincial y Nacional de la 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).
En el marco de la Semana de Mayo y como parte de un proyecto pedagógico, alumnos de 7° grado de la Escuela Legado Belgraniano, llevaron a cabo una visita a la Legislatura de Jujuy, realizando una emotiva interpretación del Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas.
El hecho sucedió en horas de la mañana en un sector del subsuelo del hospital “Héctor Quintana”. La rápida intervención de bomberos y personal de Defensa Civil, evitaron que el fuego se propague por otras áreas.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado - FIFA, notificó al club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, respecto de una sanción de inhibición temporal para la inscripción de jugadores, derivada de una diferencia en los montos reclamados en concepto de derechos de formación por el traspaso de un jugador que pasó por la institución, conforme a lo regulado por la FIFA Clearing House (FCH).
El diputado Nacional Facundo Manes pondrá en marcha una nueva organización política con un posicionamiento crítico al gobierno de Milei. Se suma Gastón Manes quien deja el cargo de Presidente de la Convención Nacional de la UCR, con una carta con duras críticas al presente de la agrupación tricentenaria.
Concluido el Escrutinio definitivo, el Tribunal Electoral de la provincia dio a conocer la nómina de todos los diputados provinciales, concejales y miembros de comunas electos el pasado 11 de mayo.
Estudiantes de nivel primario participaron de las funciones especiales de Cine Ambiental y Cine de Animación.
La oposición no logró iniciar el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, para extender la moratoria previsional por dos años más y subir el bono. El rol del gobernador jujeño y otros “dialoguistas”, evitó un dolor de cabeza a Javier Milei. Solo hubo 124 legisladores sentados en el recinto, cuando eran necesarios 129.