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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, ingresó hoy al Senado de la Nación.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y el "Frente Milagro Sala" se movilizarán hoy en el centro porteño en rechazo al decreto del gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales, que apunta a "criminalizar la protesta social".

El gremio de los trabajadores municipales, rechazó el Decreto 8464 emitido por el gobernador Gerardo Morales y afirmó que el mismo, pone a la provincia de Jujuy al borde del “estado de sitio”. De igual manera el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) denunciaron que dicho decreto “avanza en la criminalización de la protesta” al impedir que los jujeños "puedan ejercer un derecho democrático" y “los amenaza con aplicarles multas y sanciones".

Los establecimientos donde trabajen 100 o más personas, independientemente de las modalidades de contratación, tendrán que ofrecer espacios de cuidado para niños de entre 45 días y 3 años que estén a cargo de los trabajadores durante la respectiva jornada laboral.

El decreto 98 del Poder Ejecutivo extendió hasta el 1° de junio inclusive la suspensión de un alza de dos impuestos sobre los combustibles. Sin esa medida, la nafta y el gasoil iban a subir otro 8% desde marzo.

La convocatoria se publicó este viernes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, Manzur, Kulfas y Wado de Pedro. 

El Ministerio de Salud aplicó sanciones económicas y disciplinarias a tres médicos jujeños a través del decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 y obligó a más de 150 médicos acatar las disposiciones de este organismo ministerial. Luego de esta acción anunció la derogación de dicho decreto.

Todo el sistema público de salud de la provincia, manifestó su indignación y bronca que causó el Decreto Acuerdo Nº 1444-S/2020, donde el gobierno de la provincia dispone multa de hasta un millón de pesos y hasta podrían ir presos el personal de salud que incumpla o se niegue a obedecer órdenes del Ministerio de Salud de la provincia en el marco de la pandemia del coronavirus.