El Expreso de Jujuy
En medio de una inflación en alza, el Gobierno extendió hasta el 1° de junio de 2022 la suspensión del aumento en dos impuestos sobre los combustibles. Fue para evitar que las naftas y el gasoil que se comercializa en el país subieran en torno al 8% desde marzo.
La decisión apunta a quitar presión a la inflación del próximo trimestre, luego del 3,9% de enero y de las perspectivas de un aceleración de precios similar para febrero y al menos marzo.
Las subas de los impuestos sobre los combustibles líquidos tienen impacto directo en los surtidores, ya que se trasladan de manera directa al surtidor.
A la vez, un alza en las naftas y el gasoil tiene efecto de “segunda vuelta”, ya que se traslada a costos de logística y al producto final que llega a las góndolas, lo que se busca evitar.
A principios de febrero, las naftas y el gasoil tuvieron un incremento de 9% promedio, la primera actualización en nueve meses.
La prórroga hasta principios de junio fue oficializada mediante el decreto 98, publicado este domingo 27 de febrero en el Boletín Oficial.
Con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el decreto 98 posterga una vez más y por 90 días la actualización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC).
Ambos gravámenes tendrían que haber subido en mayo y julio pasados por inflación del primer y segundo trimestre de 2021. También debían subir en octubre por el IPC del tercer trimestre. Y en mayo próximo tendrían que aumentar sobre la base del IPC del cuarto trimestre del año pasado.
En los considerandos del decreto, se remarcó que se mantienen suspendidas las alzas por inflación correspondientes al calendario del año 2021 a fin “de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”.
Justificó también que “tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.
La intención oficial es modificar la manera en que ambos impuestos impactan sobre los precios al surtidor.
Por una reforma de 2017, se cambió de porcentaje fijo por la actualización que sigue la inflación trimestral, algo que el gobierno de Fernández decidió dejar en suspenso casi todo 2020 y desde mayo hasta el momento ante la escalada de los precios y el impacto que hubiera tenido en medio del año electoral.
La apuesta oficial era realizarlo mediante la nueva ley de promoción de la actividad petrolera, que incluía un nuevo cálculo para los impuestos sobre los combustibles fósiles.
Esa ley no llegó a tratarse en el Congreso durante el verano, por lo que el Gobierno extendió 90 días más la suspensión, mientras ultima una nueva normativa, que contenga el cambio de fórmula para la actualización de los impuestos sobre los combustibles: volver a un porcentaje fijo sobre el precio final del producto.
