Fernando Burgos
El decreto nº 8464 modificó el artículo 113 de la Ley N° 5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy” para "garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación", a la vez que actualiza el régimen de contravenciones y penas para respaldar facultades preventivas y punitivas, advirtió la Izquierda.
“Sale justamente cuando hay movilizaciones de la docencia jujeña que viene hace varios días con un plan de lucha en toda la provincia al cual se sumaron diversos sectores no solo de la administración pública”, señaló Natalia Morales quien además denunció que este decreto “es parte de un accionar del Ejecutivo para impedir esas grandes movilizaciones con sanciones y amedrentamiento lo cual es bastante grave”.
“Pretenden atacar a los sectores que están en las calles. Además, amenazan con dejar cesante a los empleados públicos, inhabilitarlos, y quintuplican las multas con penas de hasta 8 millones de pesos por ejemplo”, indicó Natalia Morales.
El diputado nacional del FIT-U Alejandro Vilca, sostuvo que el decreto de Gerardo Morales "es totalmente inconstitucional, ilegal, pero sobre todo totalmente impracticable. ¿Ponerle multas a 50 mil personas? Imposible".
También por sus redes sociales, la convencional constituyente del Frente Justicialista, Amelia de Dios, afirmó: “Este decreto no tiene antecedentes en democracia” y con ello “todos somos delincuentes expuestos a multas, cesantías, inhabilitaciones y hasta delitos penales por salir a defender legítimos derechos”.
“Estás no son las reglas de la convivencia y la paz social, estas son las reglas de un Gobierno hipócrita que le queda poco de democrático, que aprieta, amenaza, persigue y estigmatiza”, añadió.
SEOM en las calles
“En vísperas de una gran movilización popular que se espera para la semana el Gobierno de Gerardo Morales modificó, de forma urgente, a través del Decreto Nº 8464, la Ley Contravencional de la Provincia de Jujuy y estableció un sistema de sanciones totalmente desproporcionadas y abusivas” consideraron desde el sindicato de empleados municipales SEOM.
Recalcaron además que “este Decreto implanta un régimen de excepción similar al Estado de Sitio. En caso de no dispersarse los manifestantes que estén sobre las calles o veredas, además de ser desalojados y multados, el Juez Contravencional podrá dar intervención directa a la justicia penal, o sea habilita a la doble penalización por un mismo hecho, violando garantías constitucionales vigentes desde la Primera Constitución Nacional de 1853, además de violar el Art. 14 bis de la Constitución Nacional vigente, afectando el Derecho a la Huelga, a la Asociación y a la Manifestación”.
Advierten que a través de este Decreto se elimina en la Ley Contravencional la figura del Mediador para canalizar a una solución del conflicto y se elimina la prohibición de detener y enjuiciar a los que “acaten la solución acordada entre las partes en conflicto y procedan a dispersarse y retirarse en orden”. Es decir que, aunque los “infractores”, es decir, cualquier manifestante, aunque se disperse de inmediato y cumpla con el acuerdo logrado, se mantiene abierta la posibilidad de una detención y enjuiciamiento posterior al hecho. Todo este sistema represivo está a cargo de un Juez Contravencional designado por el Gobernador, es decir, que básicamente está bajo sus órdenes. Es de destacar que el Gobierno actual viene haciendo un uso político de la Fuerzas de Seguridad, que ya no saben qué rol tienen que cumplir frente a la sociedad jujeña: o reprimir manifestantes, o atender a la Seguridad Pública”.
Finalmente consideraron que “el abuso al que el Gobernador Morales somete a la población provincial no solo está en los míseros salarios que se cobran en la provincia, sino en la pretensión de que la sociedad no pueda manifestarse de ninguna forma. Este decreto, solo agrava la precaria y difícil situación actual, al abusar de la dignidad del pueblo jujeño”.
