Bajo el título "La vuelta del FMI a la Argentina; ¿cómo llegamos hasta aquí?", el texto de 15 carillas advierte en sus conclusiones que el programa acordado con el organismo implica como riesgo la implementación de "un plan de ajuste", lo que considera "completamente desatinado" para "las actuales circunstancias del país".

"La aplicación de las políticas del presente acuerdo no sólo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina, los van a agravar", alerta en el punto 2 el documento de ese grupo de legisladores, donde además se vaticina que "el presente 'acuerdo' deberá ser revisado" en el futuro.

En la misma línea, se señala que "los programas del Fondo no son apropiados para promover el crecimiento ni tampoco para controlar la inflación".

"Por el contrario, en los períodos de vigencia de acuerdos con el FMI, la inflación promedio fue más elevada por la sencilla razón de que las medidas que impulsa el Fondo la aceleran", añade.

"Nuestra fuerza política puede dar testimonio de que siempre tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político e ideológico opuesto.(...) El problema no es firmar con el FMI. Está claro que si tenemos una deuda con el Fondo tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. El problema, entonces, no es firmar. El problema es qué se firma", agrega el texto en el punto 3.

En las últimas definiciones, el pronunciamiento señala que la causa judicial por las responsabilidades penales de la deuda contraída en 2018 exige "una actitud y un concepto diferente de estrategias de negociación", al tiempo que subraya que "el tema más importante" es "quién va a pagar esta deuda", a la que define como "irregular", dado que "buena parte de la misma fue fugada del país".

Y en relación a las consecuencias del acuerdo para los próximos años, sostiene que "no asegura la sostenibilidad" luego de 2025 ya que -una vez cumplido el período de gracia- el cronograma de pagos al Fondo coincidirá "con las amortizaciones de deuda a los acreedores privados".

En esa serie de planteos se basaron treinta y cuatro diputados del FdT que resolvieron no acompañar el proyecto de ley que aprobó el acuerdo con el organismo que encabeza Kristalina Georgieva.

De esos 35, nueve optaron por la abstención: Lisandro Bormioli, Daniel Gollan, Gustavo González, Itai Hagman, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Jorge Verón.

Los restantes, entre ellos el propio Máximo Kirchner, lo hicieron por la negativa: Constanza Alonso, Cristina Brítez, Nilda Carrizo, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Federico Fagioli, Santiago Igon, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Gisela Marziotta, Lucila Masín, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Alejandra Obeid, Paula Penacca, Agustina Propato, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Lucio Yapor, Carolina Yutrovic y Natalia Zaracho.

Hubo otros legisladores del oficialismo que tampoco acompañaron el dictamen, aunque no hayan suscripto el documento: fueron los casos, entre otros, de Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, quienes votaron en contra; como también Pablo Carro y Natalia Zabala Chacur, que se abstuvieron.