COFEMA RECHAZA NEGACIONISMO CLIMÁTICO Y PLANTEA EXIGENCIAS PARA PRÓXIMO GOBIERNO

El órgano deliberativo rechazó los planteos de algunos sectores políticos que niegan el cambio  climático y realizó una serie de recomendaciones para el próximo gobierno nacional. 

• "Esta situación nos pone en un serio riesgo frente a los avances de los impactos ambientales, económicos y sociales provocados por el calentamiento global en nuestras jurisdicciones"  planteó además en el encuentro  que que realizó recientemente y que fue presidido  por Santiago Azulay (La Rioja), el Vicepresidente Renzo Morosi (CABA), y que contó con la presencia del Ministro Juan Cabandié.

La resolución aprobada constituye uno de los documentos más relevantes de los últimos años en materia ambiental.  

En ese marco la ministra de Medio Ambiente de la provincia María Inés Zigarán, explicó que “el mundo atraviesa hoy una triple crisis global: por un lado, una crisis ambiental y climática; por otro, una emergencia por la pérdida de biodiversidad; y, en tercer lugar, una crisis debido a la contaminación”. Dijo al respecto que la evidencia científica es irrefutable.

En particular al referirse a la crisis climática sostuvo que  los seis informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que han dado cuenta del calentamiento global acelerado y descrito las causas antrópicas de ese fenómeno que afecta de manera diferencial a los distintos países.

Ante este panorama, la funcionaria jujeña cuestionó el resurgimiento de discursos negacionistas y de violación del principio de no regresividad en materia ambiental, puesto que representan –según dijo- un retroceso en términos de las conquistas alcanzadas en estos 40 años de la recuperación de la democracia. “No sólo logramos la constitucionalización del derecho al ambiente, sino la adhesión de la Argentina múltiples tratados internacionales, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los suelos, por mencionar sólo algunos. Pero, además, se desarrollaron organismos cada vez más potentes en materia ambiental, políticas públicas y una gobernanza moderna”.

Evaluó como peligrosa “la postura de quienes no sólo rechazan la crisis climática, sino que también niegan el rol del Estado como garante de derechos”.

Recalcó que "es imperioso poner en valor la institucionalidad y la agenda ambiental, porque de ello depende también la posibilidad de desarrollo de nuestro país, no solo en términos económicos sino también y, sobre todo, sociales”.

“De lo que hagamos o dejemos de hacer depende la vida de las generaciones presentes y futuras. No habrá condiciones de posibilidad de vida, sino abordamos de manera urgente los desafíos climáticos. Y los afectados serán los países que sufrimos mayores impactos como los de América Latina y dentro de ellos los sectores más vulnerabilizados. Y esto, profundizará todas las desigualdades”, destacó.

En otro orden, expuso que además del negacionismo climático se pretende una renuncia a los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) y la Agenda 2030 que son un horizonte ético para las políticas públicas porque no solo incluyen los temas ambientales, sino la búsqueda de la paz, la justicia, la igualdad, la defensa de la educación, la salud, la equidad de género, entre otros temas. “Pensar que podemos alejarnos de esos principios, es llanamente una renuncia a construir una sociedad más equitativa”.

Los principios de gobernanza ambiental que las provincias solicitan al próximo gobierno nacional fueron planteados en la Resolución aprobada por el Consejo Federal de Ambiente concretamente solicitó a las autoridades nacionales que asuman el 10 de diciembre, más allá de su pertenencia partidaria, que se garanticen los siguientes principios sobre la gobernanza ambiental;

1.- Garantizar la institucionalidad ambiental que se construyó en la última década y que fue el reaseguro en las provincias y en la Nación de la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho al ambiente sano y equilibrado y el desarrollo sostenible.

2.- Sostener el federalismo de concertación como herramienta de construcción de los lineamientos fundamentales en materia ambiental y climáticas y la defensa de este Consejo Federal como el espacio por excelencia de esa concertación entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.- Frente a la evidencia científica construida por el IPCC y diversos organizaciones académicas y de la sociedad civil, que dan cuenta del cambio climático, sus efectos y la urgencia de medidas de mitigación y adaptación, hoy más que nunca la acción climática es urgente. No puede haber retroceso alguno, en los avances producidos en la Argentina, tanto en el Gobierno Nacional como en las jurisdicciones provinciales.

4.- Argentina no puede ni debe renunciar al Acuerdo de París ni a ninguno de los tratados internacionales ambientales, porque eso significaría una involución en la posición internacional de nuestro país respecto a los derechos ambientales, pero además obstaculizaría las posibilidades de acceso a oportunidades y a fondos necesarios para la transición socioecológica y nos dejaría aislados, sin alternativas de nuevas inversiones en los sectores estratégicos para la transición.

5.- Rechazamos terminantemente que la política pública pueda estar atravesada por posturas negacionistas del cambio climático que representan un retroceso para la Argentina y nos pone en un serio riesgo frente a los avances de los impactos ambientales, económicos y sociales provocados por el calentamiento global en nuestras jurisdicciones.

6.- De la misma manera rechazamos que se pretenda una valorización de los recursos naturales, desde la perspectiva de la mercantilización, porque no es compatible con el paradigma construido durante tantos años en materia de ambiente y desarrollo sostenible.

7.- A 40 años de la recuperación democrática, debemos ratificar su rumbo, defendiendo la progresividad de las políticas ambientales y climáticas, entendiendo que de ellas dependerá en el corto plazo el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos del pueblo argentino.