Organizaciones sociales, gremiales y políticas de Jujuy se reunieron hoy en un "cabildo abierto" en la ciudad capital para expresar su rechazo a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales (UCR) y exponer otras múltiples consignas de reclamo al Gobierno local.
JUJUY10 de noviembre de 2022
El Expreso de Jujuy
La convocatoria fue realizada por la Multisectorial por la Democracia y los Derechos Ciudadanos, que suma a más de 50 organizaciones de Jujuy en busca de "defender derechos y la institucionalidad" en la provincia.
La plaza de los Inmigrantes fue el punto de concentración de los espacios, que en un acto leyeron un documento unificado.
Sobre la reforma parcial de la Constitución jujeña, que la Legislatura convirtió en ley, dijeron que se simuló "una participación democrática que nunca hubo" y la rechazaron por considerarla "oportunista, innecesaria, costosa y con falta de legitimidad popular".
"Es imperioso continuar de manera sostenida con el rechazo a la pretensión reformista, debemos evitar que nuestro Jujuy siga siendo un feudo gobernado por patrones de estancia y sus socios, que a fuerza de palos, persecución judicial y cárcel, y con la suma del Poder público y bastardeando la democracia, legalicen el saqueo, los negociados y la impunidad", apuntó el documento.
Otro eje fue el tarifazo eléctrico de agosto, que inicialmente llevó a conformar la Multisectorial para denunciar a la empresa prestataria, Ejesa, y al organismo de control estatal, la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy (Susepu).
Pese a medidas anunciadas por el Gobierno local para que la empresa avance en refacturaciones -ante aumentos que superaron el 300%-, exigieron que se derogue una resolución de la Susepu que, sostienen, avaló el tarifazo, y pidieron juicio político a su directorio.
Además alertaron sobre "la criminalización de la protesta social" y "la utilización de la justicia provincial, del Ministerio Público de la Acusación y una perversa ley contravencional como herramienta de persecución para acallar las voces disidentes".
"Los derechos humanos son violados sistemáticamente: allanamientos irregulares, espionaje ilegal, el armado de causas para perseguir a las organizaciones sociales, obstaculización de la debida defensa, detenciones ilegales y torturas", argumentaron.
Denunciaron además "sueldos estatales de miseria que perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo" y pidieron "paritarias reales y libres".
También alertaron por "alarmantes índices de violencia de género y femicidios que ponen en evidencia la falta de contención" y las situaciones de "avasallamiento a los derechos campesinos y de los pueblos originarios".
Adhirieron además a los proyectos presentados en el Congreso Nacional para la intervención federal del Poder Judicial jujeño; exigieron que la Legislatura "deje de ser una escribanía del Ejecutivo" y demandaron la derogación del Código Contravencional con el que se "persigue y castiga la protesta social".
Propusieron políticas públicas para "tierra, techo y trabajo" y "que se declare al litio como recurso estratégico y patrimonio nacional".
Entre las más de 50 organizaciones están el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita, Nuestramérica, la Corriente Clasista Combativa, la Tupac Amaru, el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, la ONG Juanita Moro, el Frente Darío Santillán y la Organización para la Liberación Argentina (OLA).
También se suman referentes del Partido Solidario, Forja, Arriba Jujuy, Juntos por Jujuy, la Asociación del Personal de los Organismos de Control, la Asociación de Profesionales Universitarios y la CTA, entre otros.
A partir de este año se implementará un nuevo mecanismo para abastecer de energía a las carrozas, donde los carroceros ya no manipularan cables al momento de iluminar sus trabajos. El nuevo sistema se trabajó con los colegios que participarán de los desfiles de carrozas, la empresa EJESA proveedora del servicio y el gobierno provincial.
A un año de su inauguración, el 23 de agosto de 2024, El Cabildo ha logrado posicionarse como un espacio de referencia cultural y turística de la provincia. Recibió aproximadamente 145 mil visitantes y alojó 152 actividades en sus salones; además fortaleció el Archivo Histórico de Jujuy y su biblioteca.
Se trata de la dirigente y referente de trabajadores de la economía popular de Jujuy y dirigente de AFAAJ (Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados de Jujuy) Gladys Zambran, que fue detenida de manera irregular por policías de civil, sin que se conozcan las causas que le imputan, en una clara maniobra de persecución política judicial.
El histórico edificio del Palacio de Tribunales, inaugurado en el año 1967 y considerado un hito urbano de la ciudad capital, atraviesa un proceso de modernización y puesta en valor que busca realzar su arquitectura y fortalecer su identidad como patrimonio colectivo.
Un grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma, afiliados al sindicato de obreros y empleados del azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), convocaron a una Asamblea a fin de Revocar el mandato de su actual Secretario General Luciano Lezano.
La Asamblea General de Profesionales nucleados en APUAP consideró la propuesta salarial realizada por el ejecutivo provincial como insuficiente, discriminatoria, irresponsable y extorsiva.
Un grupo de trabajadores del Ingenio Ledesma, afiliados al sindicato de obreros y empleados del azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), convocaron a una Asamblea a fin de Revocar el mandato de su actual Secretario General Luciano Lezano.
La convocatoria es para hoy a las 18 horas desde la plazoleta ubicada en calle Yécora y Olavarría, detrás de Radio Nacional en el Barrio Mariano Moreno. Los familiares piden justicia por las tres víctimas que habrían sido captadas en el lugar por el presunto asesino serial Matías Jurado.
El histórico edificio del Palacio de Tribunales, inaugurado en el año 1967 y considerado un hito urbano de la ciudad capital, atraviesa un proceso de modernización y puesta en valor que busca realzar su arquitectura y fortalecer su identidad como patrimonio colectivo.
El procedimiento se realizó a partir de una denuncia anónima, donde daba cuenta que un camión de gran porte, procedía partir de la ciudad fronteriza con una carga ilegal. Inmediatamente se montó un operativo y se detuvo a dicho camión, se lo trasladó hasta el scaner de la Aduana de La Quiaca y se pudo constatar que en el tanque de combustible, iba camuflada la droga.
Mariana Vargas, asesora legal de la familia de Tamara Fierro, la joven asesinada en Fraile Pintado, denunció encubrimiento por parte de la fiscalía que investiga el caso y señaló que el fiscal Resúa se resisten a imputar a la madre del principal acusado, lo que obstaculiza el avance de la causa, pero sí armó una causa contra Olga Posada, por “convocar a una marcha”.