Organizaciones sociales, gremiales y políticas de Jujuy se reunieron hoy en un "cabildo abierto" en la ciudad capital para expresar su rechazo a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales (UCR) y exponer otras múltiples consignas de reclamo al Gobierno local.
JUJUY10 de noviembre de 2022
El Expreso de Jujuy
La convocatoria fue realizada por la Multisectorial por la Democracia y los Derechos Ciudadanos, que suma a más de 50 organizaciones de Jujuy en busca de "defender derechos y la institucionalidad" en la provincia.
La plaza de los Inmigrantes fue el punto de concentración de los espacios, que en un acto leyeron un documento unificado.
Sobre la reforma parcial de la Constitución jujeña, que la Legislatura convirtió en ley, dijeron que se simuló "una participación democrática que nunca hubo" y la rechazaron por considerarla "oportunista, innecesaria, costosa y con falta de legitimidad popular".
"Es imperioso continuar de manera sostenida con el rechazo a la pretensión reformista, debemos evitar que nuestro Jujuy siga siendo un feudo gobernado por patrones de estancia y sus socios, que a fuerza de palos, persecución judicial y cárcel, y con la suma del Poder público y bastardeando la democracia, legalicen el saqueo, los negociados y la impunidad", apuntó el documento.
Otro eje fue el tarifazo eléctrico de agosto, que inicialmente llevó a conformar la Multisectorial para denunciar a la empresa prestataria, Ejesa, y al organismo de control estatal, la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy (Susepu).
Pese a medidas anunciadas por el Gobierno local para que la empresa avance en refacturaciones -ante aumentos que superaron el 300%-, exigieron que se derogue una resolución de la Susepu que, sostienen, avaló el tarifazo, y pidieron juicio político a su directorio.
Además alertaron sobre "la criminalización de la protesta social" y "la utilización de la justicia provincial, del Ministerio Público de la Acusación y una perversa ley contravencional como herramienta de persecución para acallar las voces disidentes".
"Los derechos humanos son violados sistemáticamente: allanamientos irregulares, espionaje ilegal, el armado de causas para perseguir a las organizaciones sociales, obstaculización de la debida defensa, detenciones ilegales y torturas", argumentaron.
Denunciaron además "sueldos estatales de miseria que perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo" y pidieron "paritarias reales y libres".
También alertaron por "alarmantes índices de violencia de género y femicidios que ponen en evidencia la falta de contención" y las situaciones de "avasallamiento a los derechos campesinos y de los pueblos originarios".
Adhirieron además a los proyectos presentados en el Congreso Nacional para la intervención federal del Poder Judicial jujeño; exigieron que la Legislatura "deje de ser una escribanía del Ejecutivo" y demandaron la derogación del Código Contravencional con el que se "persigue y castiga la protesta social".
Propusieron políticas públicas para "tierra, techo y trabajo" y "que se declare al litio como recurso estratégico y patrimonio nacional".
Entre las más de 50 organizaciones están el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento Evita, Nuestramérica, la Corriente Clasista Combativa, la Tupac Amaru, el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, la ONG Juanita Moro, el Frente Darío Santillán y la Organización para la Liberación Argentina (OLA).
También se suman referentes del Partido Solidario, Forja, Arriba Jujuy, Juntos por Jujuy, la Asociación del Personal de los Organismos de Control, la Asociación de Profesionales Universitarios y la CTA, entre otros.
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