El Expreso de Jujuy
Este martes 12, en el contexto de la movilización convocada por la liberación de los dirigentes detenidos la semana pasada, referentes de las organizaciones sociales Movimiento Evita, MTE, CCC, Nuestramérica, Frente Popular Darío Santillán, MAP, ORP, SOMOS-Barrios de Pie, LLANKAJ Maki y Barrios de Pie- Libres del Sur, hicieron la presentación de un Habeas Corpus Colectivo Preventivo al Juzgado de Control N°2 a cargo del juez Zurueta bajo los argumentos de que temen por sus libertades e integridad física solo por ejercer el derecho a protestar.
El documento específica el contexto en la provincia respecto a las garantías constitucionales de los dirigentes sociales y políticos que se viene sucediendo en los últimos años, poniendo el foco en el gobierno provincial y al avance del gobernador Gerardo Morales sobre funciones que no son de su competencia.
Dijeron en un comunicado “Lo que percibimos en términos generales es que la policía, el gobierno provincial, el Departamento Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, permanentemente utilizan estrategias que incumplen en términos amplios obligaciones básicas en materia de derechos humanos y protesta social, como la obligación de respetar, proteger, facilitar y promover, absteniéndose de impedir y obstaculizar las protestas sociales".
Agregaron diciendo “En este sentido debemos señalar que en numerosa jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado el deber estatal de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas. Cuando hablamos de criminalización de la protesta social, nos referimos al uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta6 y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante".
Los referentes expresan que existe arbitrariedad en los procesos judiciales para mantener privados a los dirigentes sociales penalizados, cuando se trata de delitos excarcelables y que se corresponde con fiscales designados específicamente para la persecución y a coartar el derecho a protesta en una situación de recrudecimiento de la crisis económica en la provincia y en el país.
Por último, analizaron que la manifestación es una herramienta democrática para solicitar el diálogo y exigir al gobierno la resolución de los problemas de todos los trabajadores de la provincia, reclamaron la inmediata libertad de los dirigentes detenidos Copello y Chorolque.
