
Terrible: UN JUEZ LIBERO A UN VIOLENTO SUJETO QUE AMENAZÓ A SU EX PAREJA
El juez Rodolfo Fernández otorgó la libertad a un hombre que amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos, pese a la existencia de pruebas contundentes y riesgo extremo.
Un sargento, un subalferez y dos cabos del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional fueron imputados por el homicidio agravado por alevosía y por su calidad de funcionario público de Ivo Rodrigo Torres, de 22 años.
JUDICIALES17 de marzo de 2025
El Expreso de Jujuy
La víctima presuntamente fue baleada por los gendarmes en un procedimiento en La Quiaca cuando, procedente de Bolivia, traspasó la frontera por un paso ilegal con escasa cantidad de hojas de coca. La semana pasada, ampliaron su declaración dos de los imputados.
Cuatro integrantes del Escuadrón 21 de la ciudad jujeña de La Quiaca de Gendarmería Nacional, fueron imputados y cumplen prisión preventiva por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por cometerse abusando de su función por un miembro de una fuerza de seguridad, acusados de haber matado el mes pasado de dos disparos y durante una persecución a un motociclista de 22 años que venía de Bolivia y transportaba hojas de coca.
La imputación fue formalizada el 9 de febrero último por el fiscal federal Sebastián Jure, de la Unidad Fiscal Jujuy, ante la jueza federal de Garantías N°2, Carina Gregoraschuk.
En dicha audiencia y también a pedido de la fiscalía, la magistrada dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para los imputados, identificados como el subalferez Alexander Gunther; el sargento Walter Daniel Álvarez y los cabos Juliana Carina Enciso y Marcos Wisniewski.
De los cuatro, Álvarez es el más comprometido, ya que está sindicado por la acusación como el presunto autor material de los disparos homicidas.
El caso
Al presentar el caso, el fiscal Jure y la auxiliar fiscal Marina Cura explicaron que el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, de 22 años y quien vivía en el paraje Campo Grande, en el departamento jujeño de Susques, ocurrió el 6 de febrero pasado y tuvo como escenario el límite fronterizo a la altura de la ciudad de La Quiaca.
Según la acusación, allí los imputados estaban apostados como patrulla con un móvil identificado con el logo de Gendarmería Nacional cuando, alrededor de las 10, vieron ingresar desde Bolivia a territorio nacional a Torres, quien se movilizaba en una motocicleta en dirección a La Quiaca.
Ante la presunta omisión de acatar la voz de alto, se inició una persecución, en la cual los gendarmes -según sus reportes del hecho- hicieron disparos al aire, a modo de advertencia. Todos terminó en el barrio Praderas del Norte, donde el motociclista se desvaneció y quedó tendido en una calle de tierra.
Al advertir que estaba herido, los gendarmes pidieron la asistencia del Servicio de Emergencia, cuyos paramédicos, al llegar, intentaron reanimar a Torres, pero fue en vano, dado que ya había fallecido a causa de heridas de arma de fuego. Además, se estableció que, entre sus ropas, transportaba paquetes con escasa cantidad de hojas de coca.
En primera instancia tomó intervención el fiscal penal provincial Alberto Mendivil, quien pidió la detención de los gendarmes y dispuso una serie de medidas, entre ellas, el encintado de manos de los involucrados para preservar evidencia, como posibles rastros de la deflagración de un disparo; el secuestro del móvil en el que iban los gendarmes y la moto que conducía la víctima. Lo mismo sucedió con las armas de fuego de los acusados y sus teléfonos celulares, a la vez que se levantaron las vainas halladas en el lugar del hecho.
En cuanto a la muerte de Torres, el fiscal explicó que, de acuerdo al informe forense practicado, la muerte se produjo a causa de dos disparos, uno de ellos a la altura de la espalda y el otro en una de sus piernas. Por otra parte, también se requirió una recopilación de imágenes de las cámaras de video del lugar, sean públicas o privadas.
Cabe mencionar que las primeras actuaciones, luego delegadas a la justicia federal, se enmarcan en el convenio de cooperación entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de la Acusación de la Provincia.
Prisión preventiva
En la audiencia de formalización, la fiscalía sostuvo que, de los indicios y evidencias ya reunidas, se podía inferir una mayor responsabilidad del sargento Álvarez, por lo que el fiscal solicitó que la acusación del mismo sea en grado de autor, mientras que los tres gendarmes restantes respondan en calidad de partícipes necesarios.
Entre esos elementos indiciarios que, según la fiscalía, sindicarían al sargento como presunto autor de los disparos que impactaron en Torres, están la posición que ocupaba dentro del móvil de Gendarmería -detrás del conductor-, que su arma tenía en el cargador menos proyectiles que el resto, declaraciones testimoniales y de algunos coimputados y el análisis de las filmaciones.
En vista de ello, solicitó la prisión preventiva para los cuatro gendarmes en base a la gravedad del hecho, los riesgos de fuga y entorpecimiento y la escala penal del delito, lo que fue receptado por la jueza, quien compartió los argumentos de la fiscalía.
Las defensas, en tanto, impugnaron la medida, la que volvió a ser tratada el 19 de febrero pasado, circunstancias en que la Sala I de revisión confirmó la prisión preventiva de los cuatro imputados a partir de los fundamentos expuestos por el fiscal.
A partir de lo dispuesto por la Procuración General de la Nación en el diseño de unidad fiscal respecto a la tramitación de casos en cada área según su naturaleza, la investigación pasó a manos del titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Federico Zurueta.
Desde esa fiscalía indicaron que la semana pasada, dos de los acusados -Ghunter y Enciso- pidieron declarar en los términos del artículo 70 del Código Procesal Penal Federal, ampliaron su indagatoria y, al ejercer su derecho defensa, aportaron nuevos elementos.
A su vez, la defensa del principal imputado, el sargento Álvarez, también informó que su representado tenía intenciones de ampliar su declaración, lo que podría ocurrir en los próximos días.

El juez Rodolfo Fernández otorgó la libertad a un hombre que amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos, pese a la existencia de pruebas contundentes y riesgo extremo.

Durante un allanamiento realizado en el barrio Campo Verde, se incautaron dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y un arma blanca, elementos vinculados a la actividad investigada.

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.

Cuatro policías han sido imputados por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy en relación a la muerte de Ariel Vilte, un joven que sufrió graves quemaduras mientras estaba detenido en la Comisaría 61 del barrio El Chingo.

En un escenario marcado por la escasez de recursos, el secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, sostuvo que el Ministerio prioriza una gestión austera para garantizar el funcionamiento del sistema de seguridad y fortalecer el equipamiento policial.

La División Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia de Jujuy estuvo a cargo del operativo en la zona del puente Arias del barrio Bajo La Viña, donde se logró localizar y poner a salvo a Pastora Valerio, de 78 años. La mujer se había ausentado de su hogar el pasado 10 de enero y al notar que no regresaba, sus familiares radicaron la denuncia.

Durante un allanamiento realizado en el barrio Campo Verde, se incautaron dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y un arma blanca, elementos vinculados a la actividad investigada.

La presentación será el domingo en la Parroquia Sagrada Familia de la capital provincial. La reconocida artista desarrolla una extensa agenda de actividades en Jujuy.

El 16 de enero de 2016 no fue un día más en la historia reciente de Jujuy. Ese día marcó un quiebre. La detención de Milagro Sala puso fin a una etapa dominada por el miedo, la violencia política organizada y un sistema de poder paralelo que durante años condicionó la vida cotidiana de miles de jujeños. No fue una anécdota judicial ni un gesto simbólico: fue el punto de partida para recuperar el orden institucional, la paz social y la autoridad del Estado.

El juez Rodolfo Fernández otorgó la libertad a un hombre que amenazó de muerte a su expareja y a sus hijos, pese a la existencia de pruebas contundentes y riesgo extremo.

Tsingshan anunció la pronta puesta en marcha de su planta en Perico y proyecta ampliar su capacidad productiva.