El Expreso de Jujuy
Desde el recrudecimiento de la ola de violencia, el lunes, la "guerra interna" dejó ya 14 muertos y centenares de detenidos.
Más de 22.400 militares desplegados, patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles y toques de queda forman parte de la batería de medidas que el Gobierno del presidente Daniel Noboa puso en marcha en esta nueva fase de enfrentamientos con bandas narcos.
"Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira; creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra", advirtió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un mensaje en redes sociales.
Aunque la actividad se reanudó parcialmente en las principales ciudades, muchos comercios se mantenían cerrados, el transporte público circulaba con menor frecuencia de la habitual, universidades y escuelas daban clases de manera virtual y primaba el teletrabajo, describió la agencia de noticias AFP.
Quito estuvo especialmente custodiada y relevada por caravanas de vehículos militares, en tanto el fin de semana se resolverá si el lunes vuelven las clases presenciales.
"Ceder ante el mal, ¡jamás!, luchar incansablemente ¡siempre!", dijo en alocución Noboa, de 36 años y en el poder desde noviembre.
Su decisión recibió anoche un apoyo rotundo y unánime de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que además de acompañar la lucha frontal contra el narco hizo un llamado a la unidad nacional para fortalecer al Estado en esta crisis.
También se conocieron hoy detalles y fundamentos del decreto ejecutivo por el cual Noboa declaró el martes a las bandas narco como "terroristas" y, en consecuencia, blanco de la inédita ofensiva militar y policial.
El instrumento legal reveló que las bandas dedicadas al narcotráfico en Ecuador generaron ganancias por más de 120 millones de dólares al año.
Según esa orden ejecutiva, en Ecuador operarían al menos 22 bandas criminales.
Para la declaración de "conflicto armado interno", el Presidente contó con un informe de la Policía Nacional que señala que "entre 2014 y 2023 se registró una consolidación del crimen organizado y ese fenómeno es el detonante para la actual crisis de seguridad", consignó el diario local Primicias.
El agravamiento del cuadro empezó el domingo, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en Guayaquil.
A la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país, Los Choneros, le siguió una arremetida violenta, con motines en las cárceles, policías secuestrados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.
Al día siguiente se escapó también Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, que hoy dio a conocer un video en el que prometió entregarse si Noboa garantizaba su vida.
“Que se entregue si quiere; este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales; condiciones las pone la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el Gobierno, las pone el Estado; no las ponen los criminales”, replicó Noboa, de apenas 50 días en el Ejecutivo.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) elevó hoy a 178 el número de personas retenidas por presos -ayer eran 139-. De ese total, 20 son empleados administrativos y 158 agentes penitenciarios.
Las retenciones ocurrían en los penales de El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas, donde los presos cruzaron disparos con los militares que se encontraban en el exterior.
El balance de muertos, además, aumentó a 14 tras un incendio provocado en una discoteca en la Amazonía que dejó tres fallecidos, nueve heridos y 11 locales afectados, en un ataque que la Policía calificó de "terrorista".
A las detenciones de 329 “terroristas” que las Fuerzas Armadas detallaron ayer, el general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, sumó otras 46 en Guayaquil, Durán y Samborondón.
Pero el diario El Universo de Guayaquil informó que unos 600 policías buscaba en la zona a integrantes de Los Tiguerones, por lo que el número de arrestados seguramente aumentaría.
La ofensiva de las organizaciones criminales, vinculadas a carteles de México y Colombia, incluyó el martes una inusual irrupción registrada en vivo y en directo a un canal de televisión pública durante el noticiero del mediodía, en la que amenazaron con explosivos y armas largas a los trabajadores.
Finalmente no hubo víctimas y la Policía logró detener a 13 delincuentes.
El canal de Guayaquil reanudó hoy la transmisión de su noticiero central, expresando el agradecimiento a las fuerzas de seguridad que liberaron a periodistas y trabajadores.
Con la voz quebrada y al borde del llanto, la presentadora Saskia Bermeo agradeció "a las fuerzas militares y policiales por su profesionalismo y trabajo impecable".
"El noticiero está de vuelta aquí en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos", expresó Bermeo, de pie en el set y luciendo un traje oscuro.
La ciudad portuaria de Guayaquil, la más peligrosa del país, retomó paulatinamente algunas de sus actividades.
La principal avenida de la ciudad se veía esta mañana sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior cedió. Algunos comercios abrieron media jornada y algunos ciudadanos transitaban las calles camino a sus trabajos, al igual que en Quito.
La desinformación y el pánico de la población provocó confusión. En entrevista con Radio Sucesos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que en la capital "hubo 53 alertas de emergencia, de las cuales 18 han sido ciertas".
Como la disputa con las bandas no se limita a las calles y se extiende -y con alevosía- a las cárceles, el Gobierno ya había anunciado la construcción de nuevos penales, de los que mostró hoy el diseño, que responde al modelo “bukelista”.
Noboa expresó en algunas entrevistas su gusto por la política de seguridad que aplica en El Salvador su par Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Ahora, en las redes, la administración central exhibió imágenes del esquema de prisión que piensa para las localidades amazónica de Pastaza y costera de Santa Elena, cada una para 736 reos.
"Esto es un paso más para controlar al terrorismo y el crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos", afirmó Noboa en un mensaje incluido en la publicación.
Y explicó que se trata del inicio de “un urgente saneamiento” del sistema penitenciario que estuvo durante décadas “controlado por las mafias”.
