La decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy es posterior a las denuncias penales y un pedido de jury presentado en la Legislatura por parte de Zurueta contra el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, por "encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

La acusación en este juicio contra Zurueta es por un supuesto encubrimiento en un accidente de tránsito que ocurrió hace ocho años, cuando se desempeñaba -entre el 2013 y 2015- como secretario de Seguridad en la última gestión Fellner.

No obstante su abogado Marcelo Elías, sostuvo que "nunca se investigó" el hecho.

Zurueta tiene en su contra tres causas penales y dos pedidos de jury de enjuiciamiento presentados por el MPA, pero "esas acusaciones son inexistentes, fácticamente incomprobables, pero lamentablemente Lello Sánchez usa estas herramientas para presiones y perjudicar a jueces", le dijo el letrado a la prensa local.

El Tribunal Criminal 1, integrado por Felicia Barrios, Luciano Yapura y Pamela de las Cruces, dispuso el comienzo del juicio oral y público contra Zurueta, pero se prorrogó diez días por la presentación de un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) presentado por la defensa.

"Necesitamos un juicio justo, ejercer el derecho de defensa y que se respeten las garantías constitucionales", expresó el abogado en declaraciones radiales, para comenzar luego a "debatir el delito que se le reprocha a mi cliente".

Sobre la causa, opinó que "es un caso complejo y toma relevancia porque ocupa una función importante en la administración de justicia", en la que "entienden que mi cliente habría favorecido a una de las partes involucradas en un accidente de tránsito".

Según Elías, "esa acción está muerta pero ese planteo lo haré en el ámbito que corresponde", y no descartó plantear al tribunal "un medio alternativo de resolución de conflictos", como el trabajo comunitario.

Zurueta fue el juez que intervino ante la protesta de las comunidades originarias y diversas organizaciones en torno a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, aprobada y jurada el 20 de junio pasado.

En ese contexto, a partir de un habeas corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para frenar la represión que hubo en esa fecha frente a la Legislatura, el juez solicitó a la policía de la provincia que "se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación".