El Expreso de Jujuy
Un polémico fallo judicial reabrió las heridas y encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos en la provincia. La Justicia resolvió rechazar la demanda entablada contra el Estado provincial por la muerte de Gabriel Luis Bautista (29), ocurrida en abril de 2024 en el interior de una celda de la Seccional de Yuto. La sentencia determinó que el Estado no tuvo responsabilidad en el trágico desenlace, argumentando que los agentes policiales realizaron una requisa «adecuada».
Sin embargo, la resolución generó un profundo repudio en la familia de la víctima y su representación legal, quienes sostienen que se trata de un caso paradigmático de violencia institucional empañado por severas irregularidades, encubrimiento y omisiones judiciales.
24 horas de tortura
Los hechos se remontan al 21 de abril de 2024, cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando Gabriel Bautista fue arrestado bajo el pretexto de una «averiguación de antecedentes». Según el abogado querellante, el Dr. Carlos Espada, la detención fue ilegítima desde el inicio: «En el libro de novedades de la comisaría figuraban todos sus datos, incluso los de su madre. Lo conocían perfectamente, no había nada que averiguar».
A pesar de que a las 8:00 de la mañana del día siguiente se emitió una orden oficial para liberarlo, los efectivos policiales nunca la ejecutaron. Durante más de 24 horas, Bautista permaneció alojado en la seccional de forma ilegal. Según consta en la causa penal —que continúa abierta—, el joven no solo fue privado ilegítimamente de su libertad, sino que se le impidió recibir alimento y se intimó al resto de los detenidos a no prestarle asistencia.
Cerca de las 17:00 de esa misma jornada, Bautista apareció sin vida en el calabozo, sofocado presuntamente con una prenda de vestir. Actualmente, varios efectivos policiales se encuentran imputados por privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y apremios ilegales.
Las sombras del fallo y la prueba clave
Pese a que las instancias inferiores de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro habían reconocido la gravedad del hecho y la clara responsabilidad estatal, un tribunal superior revocó la medida.
La fundamentación judicial para eximir al Estado se basó en que la policía cumplió con los protocolos de requisa al momento del ingreso. Sin embargo, la defensa tildó la resolución de «sumamente sesgada y subjetiva», al omitir elementos clave de la escena de la muerte.
«Decir que la requisa fue correcta es ignorar la realidad del expediente. Mi representado falleció ahorcado con una prenda de vestir que era una musculosa de mujer. Nos preguntamos: ¿cómo ingresó esa ropa a la celda si no era de Gabriel? Es una prueba insoslayable que la Justicia prefirió no analizar», remarcó el Dr. Espada.
Ante esta situación, la querella confirmó la presentación de un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema revise el fallo civil, mientras que en el Fuero Penal se aguardan los resultados de los exámenes periciales psicológicos a los policías imputados.
«Mi hijo no se suicidó, pido justicia»
Para la familia de Gabriel, el dolor es incalculable y el fallo judicial significó un golpe devastador. En vísperas del Día de la Madre, Elidia Bautista rompió el silencio con un desgarrador testimonio que refleja el calvario que atraviesa desde hace dos años y medio.
«Mi hijo no se suicidó, él no quería matarse. En ningún momento me avisaron que estaba preso; recién el martes a la madrugada vinieron a buscarme para decirme que había muerto. Cuando lo vi en la morgue, vi las marcas en su cuello... esa imagen no se me borra más», expresó entre lágrimas.
Elidia relató que el impacto de la tragedia destruyó la salud de su entorno familiar: «Yo no puedo trabajar, no puedo salir, no me siento bien en ningún momento y tengo que ir al hospital constantemente. A mi mamá le agarró un ACV por todo este sufrimiento y quedó paralizada. Destruyeron a mi familia».
Finalmente, la madre del joven exigió que los responsables policiales paguen por sus actos en los tribunales: «Gabriel no era un delincuente, era un chico joven. Lo único que pido es justicia, que se aclare todo y que las autoridades que hicieron las cosas mal paguen por lo que le hicieron a mi hijo».
Diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de derechos humanos ya han tomado contacto con la familia para sumarse al reclamo y visibilizar lo que consideran uno de los episodios de violencia institucional más graves registrados en la zona durante el último tiempo.
