Fernando Burgos
En un fallo histórico que deja al descubierto la faceta más mezquina de la abogacía corporativa, la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy le asestó un durísimo revés al letrado Sergio Claudio Brodkiewiez. El letrado —quien en teoría debía velar por el Derecho— fue condenado a desembolsar una cifra que hoy supera los 50 millones de pesos tras haber engañado a su propio cliente en una maniobra que los jueces, sin rodeos, calificaron como "rayana con lo delictual".
El cazador cazado
El caso no solo indigna por el monto, sino por el nivel de asimetría y cinismo. La víctima, Germán Mamaní, es un modesto trabajador sanitarista y gasista sin conocimientos bancarios ni leguleyos. Tras sufrir la destrucción total de su vehículo en un accidente vial allá por 2012, confió ciegamente en quien debía ser su paladín legal. Lo que nunca imaginó el trabajador es que el verdadero peligro no estaba al volante del auto que lo chocó, sino sentado del otro lado del escritorio de su propio estudio jurídico.
La justicia logró reconstruir la sutil obra de arte del engaño perpetrada por Brodkiewiez que consistieron en el cobro bajo la alfombra. En mayo de 2018, el letrado firmó un acuerdo con La Caja de Seguros S.A. por $180.000. Hizo emitir un cheque cruzado a nombre del gasista, sabiendo perfectamente que el hombre no tenía cuenta bancaria.
Luego cayó en el "cuento del tío" jurídico y con falsas promesas, convenció al trabajador de endosarle el cheque para depositarlo en su propia cuenta y entregarle el efectivo a las 48 horas. El dinero entró al bolsillo del abogado, pero al trabajador solo le llegaron excusas.
También superó la etapa del cheque fantasma, debido a que meses después, aturdido por los reclamos del damnificado, el profesional le entregó un cheque de pago diferido de su firma por un monto recortado ($137.500)... instrumento que, por supuesto, rebotó y jamás pudo cobrarse.
Finalmente buscó una excusa sin papeles. En el juicio, Brodkiewiez argumentó que se cobró un supuesto "Pacto de cuota litis" de $42.500. Sin embargo, los magistrados Carlos Marcelo Cosentini, Alejandra María Luz Caballero y Norma Beatriz Issa pulverizaron la defensa al constatar que dicho contrato jamás existió. Un "comportamiento inadmisible" para quien porta un título universitario de Leyes.
La factura de la inflación
La gravedad deontológica de su conducta no pasó desapercibida para sus propios pares. El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Jujuy ya le había aplicado una sanción de seis meses de suspensión en la matrícula. Un modesto "recreo" profesional para reflexionar sobre la ética.
Pero el verdadero golpe llegó a la hora de liquidar la cuenta. Pretender pagar en 2026 los $180.000 pesificados de 2018 hubiera sido un chiste de mal gusto frente a la devaluación. Por eso, en un acto de estricta equidad, los jueces aplicaron una fórmula basada en el valor real de mercado: tomaron como referencia un vehículo cero kilómetro equivalente al destruido (un Renault Logan), fijando el daño material e intereses en $18.562.755, sumados a $7.600.000 por el daño moral.
Como bien señaló el juez Cosentini, la burla profesional no solo afectó el patrimonio del trabajador, sino que le provocó un "detrimento espiritual" al destrozar la fe que cualquier ciudadano común debería tener en un servidor de la justicia.
Entre el capital actualizado, los daños morales, los intereses acumulados por dilatar la causa y las costas de las abogadas intervinientes, la cuenta final roza los 50 millones de pesos. El Dr. Brodkiewiez descubrirá ahora, en carne propia y por la vía del embargo, que pretender enriquecerse a costa de la buena fe ajena puede resultar el negocio más ruinoso de su carrera.
