
DENUNCIA PENAL Y ADMINISTRATIVA SACUDE EL TRANSPORTE URBANO CAPITALINO
El Expreso de Jujuy
Un fuerte escándalo político y judicial amenaza con hacer tambalear el sistema de transporte público de pasajeros en la capital jujeña. El Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (CODECUC) formalizó una grave denuncia ante la Oficina Anticorrupción de la provincia contra funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal, integrantes del Concejo Deliberante y cinco empresas prestatarias del servicio, a quienes acusan de haber montado un esquema coordinado para desviar recursos públicos y garantizar privilegios ilegales en la reciente adjudicación de las líneas de colectivos.
En paralelo a la presentación ante el organismo de control, la entidad presidida por Alejandro C. Mur y secundada por Álvaro Mendoza elevó un reclamo formal al Concejo Deliberante capitalino para exigir que se declare la nulidad absoluta de la Licitación Pública Nacional N° I-02-2025 y de las concesiones otorgadas, reclamando que se convoque a un nuevo proceso ajustado a derecho y con la correspondiente audiencia pública.
La presentación apunta a la sanción, promulgación y ejecución de dos normativas aprobadas el pasado 27 de noviembre: la Ordenanza 8237/2025 y la Ordenanza 8232/2025. Según los denunciantes, ambas normas formaron parte de una maniobra premeditada para sanear de manera irregular los pasivos tributarios de las firmas Cooperativa Unión Bus Ltda., El Urbano S.R.L., Santa Ana S.R.L., Transportes Automotores Colón S.R.L. (Xibi Xibi) y Transporte San Jorge S.A.
El eje central de la acusación radica en que el propio pliego de bases y condiciones aprobado para la licitación prohibía contratar con empresas que mantuvieran deudas con el municipio. Para sortear ese impedimento legal, en una misma sesión legislativa se habría dispuesto una condonación total del 100 por ciento de las tasas municipales acumuladas por estas cinco compañías durante los últimos cinco períodos fiscales, comprendidos entre 2020 y 2025. De este modo, las firmas quedaron repentinamente habilitadas para competir y resultar adjudicatarias del servicio.
Desde el CODECUC advierten que ese perdón impositivo viola de forma flagrante tanto la Carta Orgánica Municipal como la Ley Orgánica de Municipios 4466. Mientras la norma local prohíbe realizar deducciones impositivas superiores al 50 por ciento de cada tributo, la legislación provincial impide que las exenciones afecten más del 20 por ciento de la recaudación total, límites que fueron ampliamente superados por el beneficio otorgado a las transportistas, vulnerando además la Ley Provincial de Administración Financiera y Sistemas de Control.
Por otro lado, la denuncia pone el foco en lo que consideran una grave ruptura de la división de poderes. La entidad sostiene que tanto la Ordenanza 7978/2023, que declaró la emergencia en el transporte, como la reciente Ordenanza 8232/2025 transfirieron de manera inconstitucional al Ejecutivo municipal potestades que son exclusivas del Concejo Deliberante, como la fijación de tarifas y la adjudicación de servicios públicos.
Esta delegación de facultades, señalan los representantes de los usuarios, permitió que desde 2023 el Ejecutivo aplique aumentos automáticos y bimestrales en el precio del boleto a puertas cerradas, sin convocar a audiencias públicas, sin difundir los estudios de costos y sin ejercer controles efectivos sobre la prestación.
A este cuadro de irregularidades administrativas se suma, según el planteo de la asociación, el vicio de haber adjudicado el servicio en medio de un estado de emergencia vigente y en favor de las mismas empresas que durante años acumularon quejas de los vecinos por las deficiencias en las frecuencias y el estado de las unidades. Por estos motivos, la denuncia solicita que se investigue la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta en perjuicio del erario municipal y faltas gravísimas al régimen de ética pública.


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