Las rejas no frenan el delito: LA ALARMANTE PERMEABILIDAD DEL SERVICIO PENITENCIARIO ANTE ESTAFAS VIRTUALES

Desde una celda del Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Salvador de Jujuy, una banda de reclusos montó una sofisticada estructura delictiva que, usurpando la identidad del presidente de la Corte Suprema de la Nación, despojó de diez millones de pesos a una familia de bajos recursos.
JUDICIALES15 de noviembre de 2026Fernando BurgosFernando Burgos
servicio penitenciario 7 jujuy
servicio penitenciario 7 jujuy

El caso vuelve a exponer una crisis institucional sin freno, los muros de las cárceles provinciales se han convertido en un colador donde ni los allanamientos detienen el crimen.

En los papeles, el encierro penitenciario tiene como fin neutralizar la capacidad delictiva de quienes infringen la ley y promover su reinserción.

En la práctica, en la provincia de Jujuy, el sistema parece funcionar exactamente al revés, los pabellones operan como verdaderos call centers del delito, amparados por una permeabilidad de control que ya excede la mera negligencia para rozar la complicidad estructural.

El reciente requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal Franco Picardi desnuda una trama que debería encender todas las alarmas en el Ministerio de Seguridad provincial.

Cuatro internos alojados en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de la capital jujeña, Cristian Mariano Ariel Acho, Ramón Atilio Ríos, Sebastián Ariel López y Walter Rodrigo Vargas,  enfrentan cargos por asociación ilícita, usurpación de autoridad, estafa y extorsión.

Dos metodologías, un mismo descontrol

La investigación judicial dejó al descubierto dos modalidades delictivas aceitadas, ejecutadas con total impunidad desde el interior de la unidad carcelaria.  El engaño del falso premio y la puesta en escena institucional.

Durante casi un año, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, la banda sometió a un calvario financiero a "Daniel" (nombre ficticio de la víctima) y a su pareja. Con la promesa de un supuesto premio de telefonía satelital 4G, los presos desplegaron un guion de múltiples voces que incluyó a falsos empresarios, abogados y hasta al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Bajo ese engaño, lograron que la pareja agotara sus ahorros, tomara un crédito bancario, vendiera sus celulares y hasta despachara por encomienda tres electrodomésticos valuados en casi dos millones de pesos cada uno. El perjuicio total alcanzó los $10 millones.

Inteligencia delictiva frente a fuerzas federales: Lejos de conformarse con estafas al azar, la organización utilizaba la misma fachada del titular del máximo tribunal del país para comunicarse con dependencias de seguridad —como la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional— y solicitar información sensible sobre personas detenidas y sus grupos familiares. Con esos datos en mano, tejían luego maniobras extorsivas mediante el pedido de falsas fianzas.

El fracaso de los controles internos

Lo más grave del expediente no es solo la frialdad de los delincuentes, uno de los cuales quedó grabado en un audio confesando a su pareja que se levantaba "para tirar números, para ver si choreo algo", sino la absoluta ineficacia del Servicio Penitenciario de Jujuy para cortar las comunicaciones ilícitas.

El 3 de diciembre de 2024, un procedimiento interno logró secuestrar un teléfono Samsung Galaxy A01 escondido dentro de un colchón. Sin embargo, lejos de desarticular la banda, el allanamiento resultó ser apenas un trámite burocrático.

Apenas un mes después, en enero de 2025, los reclusos volvieron a llamar a la víctima desde otras líneas telefónicas y hasta registraron once números a nombre del propio damnificado para seguir operando. La banda conta uba conna logística interna dedicada exclusivamente a guardar, rotar y ocultar aparatos y tarjetas SIM dentro del penal.

Un problema crónico sin respuestas

Este episodio dista mucho de ser un hecho aislado. Las denuncias por estafas telefónicas, extorsiones y "cuentos del tío" originados en las unidades penales jujeñas se repiten con una frecuencia preocupante. A pesar de las intervenciones de la Justicia Federal y ordinaria, los teléfonos celulares, los cargadores y los chips continúan ingresando a los pabellones con una facilidad pasmosa.

Mientras las familias trabajadoras como la de Daniel, quien declaró ser una persona de bajos recursos ven destruido su patrimonio a manos de quienes ya deberían estar rindiendo cuentas ante la ley, ,el sistema penitenciario provincial sigue sin explicar cómo entran los dispositivos, por qué no existen inhibidores de señal efectivos y quiénes fallan, por acción u omisión, en las requisas diarias. Porque cuando la cárcel deja de ser un límite para convertirse en una oficina criminal, el Estado no solo falla en su deber de custodia: deja a la sociedad completamente indefensa.

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