El Expreso de Jujuy
El dolor y la indignación se adueñaron este miércoles de las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Familiares, amigos y compañeros de Lucas Soto —el joven trabajador que perdió la vida tras ser embestido por un automovilista que huía de la policía— llevaron adelante una profunda y masiva protesta para exigir respuestas a la Justicia. La bronca principal radica en que el imputado por el hecho se encuentra en libertad y, lejos de mostrar empatía, publica su vida en redes sociales.
"Luquitas era una persona muy buena, respetuosa, acompañaba a su abuela, a su familia, a su papá", recordó con la voz quebrada su hermana, Adelina Mana. Lucas trabajaba en Caballería —desde donde destacó que el jefe y sus compañeros los acompañaron incondicionalmente— y su vida se apagó de la peor manera: un irresponsable, en su intento por escapar de un control vehicular, dobló en U y lo atropelló de lleno.
Lo que exaspera al entorno de la víctima es la decisión judicial. "Creemos que la justicia tiene que hacer justicia. Si ha matado a alguien, tiene que estar en alguna comisaría o preso hasta que se resuelva definitivamente, pero no en libertad", expresó con impotencia su tío, Lucas José Peñalva. La bronca escaló al enterarse de que el acusado no solo camina libremente, sino que se mofaría de la situación: "Desde el primer momento empezó a subir un montón de cosas a su TikTok diciendo 'estoy vivo, estoy vivo'. Se cagaba de risa mientras nosotros llorábamos", relató su hermana.
Entre el dolor y la música de los sikuris
La despedida a Lucas fue tan multitudinaria como desgarradora. El joven era uno de los principales impulsores y gestores de la banda de sikuris de Volcancito. Acompañados por los sones de los sikuris, familiares, vecinos y gente llegada especialmente desde el campo realizaron una caravana y una caminata de más de cuatro horas hasta el cementerio para darle el último adiós.
Pese a la magnitud del reclamo y la conmoción social, la familia denunció un total abandono institucional. Confirmaron que hasta el momento no han tenido ningún tipo de respuesta ni contención por parte del Ministerio de Seguridad. "Nadie vino a decirnos nada, nadie", remarcaron con amargura.
Cómo sigue la causa
En cuanto al avance legal, la familia indicó que el abogado les informó que el imputado cumple con ciertas restricciones —como la prohibición de manejar, consumir alcohol en la vía pública o salir de la ciudad— y la obligación de firmar cada quince días, mientras se aguarda que en un plazo estimativo de cuatro meses se defina la situación procesal con una condena.
Mientras tanto, en las calles y frente al poder político, la consigna es una sola: que el responsable reciba el peso de la ley y que la muerte de Lucas Soto no quede en la impunidad.
