El Expreso de Jujuy
Pablo Palomares, representante de la Red de Acción Política (RAP), brindó detalles sobre una declaración de alcance nacional dirigida al Consejo de la Magistratura para modificar el actual reglamento de concursos de la justicia federal. La propuesta tiene como eje central restarle discrecionalidad a la etapa de entrevistas para revalorizar el mérito y la formación de los candidatos.
La presentación cuenta con el respaldo de más de 270 firmantes, entre los que figuran gobernadores, legisladores nacionales y provinciales de todo el arco político, junto a reconocidas entidades como la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) y la Sociedad Rural Argentina. Asimismo, adhieren destacados constitucionalistas y juristas como Daniel Sabsay, María Angélica Gelli y Antonio María Hernández, coincidiendo con criterios promovidos por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sesgo en las entrevistas
El mecanismo vigente para cubrir vacantes en el fuero federal contempla la evaluación de antecedentes profesionales, formación académica y un examen escrito de oposición. Sin embargo, Palomares advirtió sobre la distorsión del proceso en la etapa final: «Lamentablemente, el mérito no está siendo tenido en cuenta. Se le otorga un valor desproporcionado a la entrevista personal, lo que termina desvirtuando todo el sentido del concurso».
Según explicó el dirigente, este margen de arbitrariedad permite que profesionales con puntajes inferiores en los exámenes superen a los mejor calificados si cuentan con afinidad política en el organismo de selección. «Pasan a la terna no los más preparados, sino los amigos de la gente del Consejo de la Magistratura. De ahí la nómina va al Poder Ejecutivo y luego al Senado. No queremos que lleguen los amigos del poder, sino los mejores profesionales», remarcó.
Transición institucional
El momento elegido para hacer pública la solicitud responde a que el próximo 18 de noviembre asumirán las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura. Los impulsores de la medida confían en que el nuevo cuerpo evalúe el reclamo de forma prioritaria.
Al analizar el impacto de la injerencia política en la magistratura, Palomares sostuvo: «Cuando se nombran jueces amigos, son amigos mientras dura el poder; cuando el poder se acaba, terminan siendo enemigos. Lo venimos viendo desde hace muchos años: mientras un gobierno está en el ejercicio del poder los absuelven, y cuando se van, los condenan. Necesitamos jueces independientes y preparados para que la justicia sea objetiva, porque el Poder Judicial es un ordenador institucional».
Hacia una reforma de fondo
Si bien la iniciativa plantea acotar el puntaje de las entrevistas como un avance inmediato, Palomares no descartó la necesidad de dar un debate más profundo en el futuro para garantizar las exigencias que fija la Constitución Nacional: «No se trata del capricho de un sector, sino de cumplir la Carta Magna. Limitar la discrecionalidad en el reglamento actual es un gran paso en el mientras tanto».
Consultado sobre la durabilidad de los cargos judiciales y la posibilidad de establecer mandatos temporales, aclaró que se trata de un debate independiente al de la declaración: «A título personal, no creo que el problema sea el carácter vitalicio del cargo; la experiencia es importante. El problema central ocurre cuando no hay independencia respecto del poder político de turno. Ahí es donde empieza a fallar la justicia».
