El Expreso de Jujuy
Con una convocatoria masiva que desbordó el recinto y dejó a parte del público de pie durante una jornada de casi dos horas, la provincia de Jujuy fue sede de un clave debate sobre el presente y futuro de la justicia penal adolescente en la Argentina. La actividad fue impulsada por la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Alejandra Martínez, y por el Poder Judicial local —a través de la Corte de Justicia con la Dra. Emma Arias y el procurador general, Dr. Alejandro Bossati—.
El encuentro contó con la disertación de un magistrado con 15 años de experiencia como juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil y capacitador de diversos poderes judiciales del país, quien abordó de forma crítica los alcances prácticos de la nueva legislación.
Más allá del debate mediático: los vacíos de la Ley 27.801
Aunque la discusión pública se centró mayoritariamente en la reducción de la edad de imputabilidad, la realidad del cuerpo normativo es infinitamente más compleja. Durante la jornada se remarcó que ese aspecto quedó en un "dato anecdótico" frente a los severos interrogantes técnicos y logísticos que plantea la norma:
Falta de presupuesto e infraestructura: No está determinado cuál será el presupuesto real para su implementación ni si existen instituciones especializadas para alojar a los adolescentes en última instancia, en casos de delitos graves que requieran privación de la libertad.
Escasez de supervisores, la ley exige la figura de supervisores o supervisoras para acompañar a los jóvenes y controlar la evolución del proceso tras una sanción, un rol cuya disponibilidad concreta está en duda.
El magistrado afirmo que sSe advirtió sobre el impacto técnico-jurídico del incremento de facultades otorgadas al fiscal, lo cual erosiona en cierta medida la independencia de los jueces. Además
Actualmente, la aplicación en Argentina presenta un panorama heterogéneo y federal. Mientras algunas provincias regulan la implementación mediante acordadas del Poder Judicial, otras lo hacen a través de sus legislaturas provinciales, lo que exige un esfuerzo continuo de armonización a nivel nacional.
Vigencia, vulnerabilidad
La Ley 27.801 ya es una realidad efectiva en todo el territorio nacional: fue sancionada el 29 de febrero de este año, promulgada en el Boletín Oficial el 9 de marzo e ingresó en plena vigencia el 5 de septiembre.
Frente a la inquietud por el incremento de hechos de violencia protagonizados por menores, el especialista enfatizó que la justicia penal adolescente no es una justicia penal común, sino un sistema especializado adaptado a personas en condición de vulnerabilidad.
Siguiendo las 100 Reglas de Brasilia, la vulnerabilidad no solo está dada por la edad, sino también por el contexto socioeconómico desfavorable, el género, la presencia de alguna discapacidad o la propia situación de privación de la libertad. A su vez, el marco internacional —específicamente el artículo 40 (apartados 2 o 3) de la Convención sobre los Derechos del Niño— exige de manera taxativa contar con instituciones y procedimientos específicos, ya que los adolescentes no responden ante el sistema penal de la misma manera que los adultos.
En este sentido, se aclaró que el espíritu de la ley busca la responsabilización del joven por sus actos, pero no necesariamente mediante condenas penales o privación de la libertad. La norma contempla mecanismos de justicia restaurativa y reparación integral del daño.
Aplicar una justicia puramente retributiva a todos los casos generaría un colapso del sistema penal y dañaría de forma irreversible el futuro de adolescentes involucrados en delitos menores, los cuales pueden y deben ser abordados desde otros abordajes institucionales.
