El Expreso de Jujuy
El Gobierno nacional busca reemplazar la emergencia sanitaria vigente desde 2001 por un régimen legal permanente para el sector privado de la salud. La inminente finalización de esta norma transitoria vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de la red que sostiene buena parte de la atención médica en la Argentina, ante el riesgo de que las deudas acumuladas por los prestadores queden sujetas a ejecución inmediata por parte de los organismos recaudadores.
El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Manuel Quintar, explicó los alcances de la iniciativa. El legislador detalló que el expediente fue remitido para su tratamiento a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, debido al impacto fiscal que implica la medida y que deberá ser analizado exhaustivamente antes de llegar al recinto de la Cámara Baja.
La normativa vigente impidió durante veinticinco años el cobro compulsivo de las deudas, aunque no liberó a las instituciones de sus aportes, contribuciones e impuestos. Esta distinción resulta central en el debate actual, ya que los pasivos continúan siendo exigibles y podrían ser reclamados en caso de que la protección expire sin una salida legislativa. Quintar advirtió que la emergencia sanitaria nacional evita la ejecución forzada por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, pero no exime del pago de las obligaciones, por lo que un levantamiento abrupto del esquema permitiría que el organismo fiscal proceda a ejecutar los créditos al día siguiente.
El proyecto de ley no se limita a las empresas de medicina prepaga, sino que abarca a la totalidad de los efectores privados, entre los que se incluyen clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados y establecimientos geriátricos. Esta trama institucional abarca desde sanatorios barriales hasta centros ubicados en el interior profundo del país. La iniciativa parlamentaria busca evitar que un cambio intempestivo en el esquema fiscal comprometa la continuidad operativa de estas prestaciones esenciales.
El argumento central de la propuesta se fundamenta en el peso estratégico que posee el sector en la infraestructura sanitaria del país. De acuerdo con los datos aportados por Quintar, la actividad genera empleo directo e indirecto para un millón y medio de argentinos, una cifra que multiplica por nueve la mano de obra ocupada por la industria minera. Asimismo, informes sectoriales de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina indican que entre el sesenta y cinco y el setenta por ciento de la población nacional se atiende en el sistema privado, el cual concentra además el cincuenta y cinco por ciento de las camas hospitalarias disponibles en el territorio nacional.
Desde la perspectiva del legislador jujeño, la discusión supera el plano puramente tributario debido a que las redes pública y privada funcionan de manera complementaria. Un colapso en la capacidad de atención del sector privado impactaría de forma directa en el sistema público, que debería absorber una demanda para la cual no cuenta con capacidad inmediata.
El primer capítulo del proyecto prevé la implementación de una moratoria tributaria de hasta ciento ochenta cuotas con facilidades de pago para que las instituciones ordenen sus pasivos. La propuesta no contempla la condonación de deudas, sino el establecimiento de mecanismos para sincerar el sistema e integrar a los contribuyentes que no pudieron cumplir, contemplando también un reconocimiento para aquellos que mantuvieron sus pagos al día. Para el oficialismo, el reordenamiento del Impuesto al Valor Agregado, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos debe concretarse sin vulnerar el principio de equilibrio fiscal.
El segundo pilar de la iniciativa aborda la protección de los fondos operativos frente a medidas cautelares y embargos judiciales. El sector enfrenta habitualmente litigios laborales y reclamos por mala praxis que derivan en el congelamiento preventivo de cuentas bancarias antes de que exista una sentencia firme, lo que impide la compra de medicamentos e insumos básicos. La norma busca fijar límites a estas medidas previas para resguardar la operatividad del centro de salud, sin que ello implique eximir de responsabilidad legal a médicos o instituciones en caso de que corresponda.
La propuesta legislativa incorpora además la compensación de acreencias históricas que los prestadores mantienen con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, donde se registran deudas estatales desde el inicio de la emergencia sanitaria. A esto se suma una revisión en el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de equipamiento médico de alta tecnología, como tomógrafos o resonadores, cuyo crédito fiscal no puede ser descargado por las prestadoras de la misma forma que en otras actividades económicas, lo que termina desincentivando la inversión.
Frente al próximo vencimiento de la prórroga, el Congreso deberá emitir dictamen antes de someter el texto a votación. Aunque no se definió si habrá un nuevo decreto de extensión transitoria, desde el Gobierno descartaron una interrupción que exponga a la quiebra a miles de establecimientos. La meta trazada por el Poder Ejecutivo es poner fin a la sucesión de parches normativos y dotar al sector de una estructura legal definitiva para preservar los activos sanitarios en todo el país.
