El Expreso de Jujuy
El paso del tiempo no ha logrado disipar el veneno que impregna el cuerpo de cientos de pobladores ni la parálisis que domina los pasillos de la Justicia jujeña. Una delegación de vecinos de la Puna marchó e interrumpió la rutina del Poder Judicial en esta capital para exigir la resolución de una causa que acumula casi dos décadas de demora, mientras las consecuencias sanitarias continúan marcando de por vida a generaciones enteras.
La protesta civil visibilizó un reclamo que involucra a más de seiscientas familias directamente afectadas, agrupadas tras años de litigio sin sentencia definitiva. Santiago Figueroa, uno de los referentes que encabezó la manifestación en los tribunales capitalinos, expuso la frustración de una comunidad que acudió primero a los representantes legales encargados del trámite para solicitar precisiones sobre el estado actual del expediente.
Ante la falta de atención médica e informativa en esas instancias preliminares, el grupo optó por presentar formalmente un pedido de audiencia urgente dirigido al juez de la causa, el doctor Otaola, en cuyo vocalía descansa el expediente a la espera de la firma del fallo final.
El trasfondo de la exigencia judicial radica en la gravedad indudable de los daños integrales a la salud provocados por la actividad industrial de la firma. Los análisis clínicos practicados a los habitantes de Abra Pampa confirmaron en su momento la presencia de concentraciones alarmantes del metal pesado en la corriente sanguínea.
El propio Figueroa detalló que registra veintidós microgramos de plomo por decilitro de sangre, al tiempo que su hijo padece una cifra aún superior, de veintisiete microgramos por decilitro.
El cuadro médico del menor, derivado de la exposición al neurotóxico durante su gestación y primeros años de vida, se tradujo en deficiencias cognitivas y afecciones crónicas en el sistema óseo, producto de la fijación del metal en la estructura mineral del cuerpo.
Pese a que las instalaciones de la fundidora cesaron sus operaciones antes de la presentación judicial formal iniciada en dos mil cinco y a que el Estado ejecutó años más tarde obras de saneamiento ambiental en el casco urbano —construyendo un anfiteatro sobre la antigua planta fundidora y un complejo deportivo sobre los pasivos ambientales—, la remediación física resultó insuficiente para mitigar el perjuicio ya causado.
Los pobladores sostienen que el agua consumida diariamente en la Puna conserva trazas del elemento nocivo y que la acumulación paulatina continúa desgastando la salud pública de la zona, una variable que no fue reparada ni contenida de manera integral por las autoridades estatales a lo largo de las últimas dos décadas.
Frente al despacho judicial, los manifestantes recalcaron que su presencia en la sede de la Corte provincial responde al único propósito de obtener certezas sobre la resolución definitiva del juicio y garantizar que no se repita un precedente de impunidad ambiental en la región.
La lenta marcha de la burocracia contrapone la urgencia de cientos de damnificados con análisis de sangre alterados que aguardan, desde hace diecinueve años, una sentencia reparadora que ordene responsabilidades definitivas y establezca el alcance de la reparación histórica adeudada por el Estado y la justicia.
