El Expreso de Jujuy
Detrás de escritorios climatizados en el centro capitalino, manos ajenas al territorio intentaron cocinar un proyecto de transporte público, remises y taxis compartidos. La respuesta del pulmón barrial más grande de la provincia fue tajante, "acá mandan los vecinos, no los paracaidistas de la política".
Oscar "Cacho" Rodríguez, presidente de la Unión de Centros Vecinales, no anduvo con vueltas al destapar una olla de presión que venía acumulando vapor. En diálogo con este medio, el referente vecinal no solo frenó en seco la iniciativa inconsulta presentada ante el Concejo Deliberante, sino que tiró sobre la mesa una denuncia penal y política de extrema gravedad: la presunta compra de avales vecinales por la escandalosa cifra de 500 millones de pesos.
"No somos el patio trasero de nadie"
La advertencia de Rodríguez resuena con la contundencia de los números reales. Con 130.000 habitantes, Alto Comedero dejó de ser un barrio dormitorio hace rato para convertirse en una realidad demográfica y social ineludible. Sin embargo, la política tradicional insiste en mirarlo como un botín electoral o una sucursal administrativa.
"Alto Comedero ya es una nueva ciudad y la tienen que respetar como tal. No puede venir gente de Capital a querer armar cooperativas de trabajo cuando acá tenemos más de 30 colectivos listos para salir a la calle, remiseros y trabajadores viales que conocen cada esquina", sentenció Rodríguez, visiblemente indignado tras una asamblea urgente que colmaron los vecinos durante la noche.
La molestia no es caprichosa. En un contexto social donde la desocupación golpea con dureza los hogares, permitir que un negocio estratégico como el transporte quede en manos de actores foráneos equivale a vaciar de oportunidades al propio vecindario. La premisa del sector es clara: el trabajo local, para la gente del lugar.
La sombra de la corrupción y el dinero sucio
Pero el conflicto escaló de la discusión sectorial a terreno judicial. La denuncia más fuerte formulada por el dirigente vecinal apunta directamente a la integridad de las instituciones barriales y al uso de fondos oscuros para torcer voluntades.
Según advirtió Rodríguez, existen elementos concretos para sospechar que algunos centros vecinales habrían recibido pagos millonarios —cifras que rondarían los 500 millones de pesos— a cambio de firmar avales truchos que avalaran la intromisión externa en el proyecto de movilidad urbana.
"No podemos tener centros vecinales corruptos", disparó sin filtro el presidente de la Unión. *"El centro vecinal es para el servicio de todos, no para jugarse por un dinero bajo la mesa que después te hace quedar mal ante la historia y ante los vecinos que confiaron".
Ante este panorama de sospechas sobre la mesa de entradas del poder político, los referentes barriales anunciaron que formalizarán presentaciones directas ante el Gobernador de la Provincia, el Intendente municipal y el Ministerio de Justicia. Exigen una auditoría y una investigación a fondo para limpiar el nombre de las instituciones comunitarias y saber quiénes pusieron precio a la firma de los vecinos.
Rumbo a la autonomía
El trasfondo del conflicto deja al desnudo una tensión latente que las autoridades municipales y los concejales ya no pueden seguir esquivando: la inminente transformación institucional de Alto Comedero.
"En cualquier momento vamos a tener la bomba de que esto va a ser municipio, y los que tienen que llevar adelante ese proceso somos nosotros, los dirigentes barriales que caminamos el barro, no los iluminados de oficina", advirtió Rodríguez.
El mensaje final hacia el Concejo Deliberante y el Ejecutivo comunal es una línea trazada con tiza firme: el tiempo de decidir a espaldas de la gente terminó. Alto Comedero se puso de pie, exige respeto a su autonomía y avisa que no permitirá que los negocios de pocos hipotequen el futuro de sus 130.000 almas.
