El Expreso de Jujuy
Según relató su hermana, la madrugada de este lunes se desató una serie de medidas disciplinarias en su contra luego de que una periodista de un medio nacional intentara comunicarse telefónicamente con él. El llamado, de acuerdo con el testimonio familiar, fue cortado de manera abrupta desde la institución y, de inmediato, el detenido fue trasladado e incomunicado bajo el argumento de tener prohibido hablar con la prensa.
"A él le prohibieron hablar con la prensa. Se lo comunican a la noche, a eso de las nueve y media, y se lo llevan sancionado. No tuve comunicación con él en todo el día", expresó su hermana, quien agregó que tras gestiones con una asistente social logró constatar que fue aislado a raíz de este contacto y de una denuncia penal previa realizada en Alto Comedero por supuestas agresiones y vejaciones sufridas en su lugar de detención. "El motivo por el cual lo golpean es simplemente por pretender hablar con la prensa. Él reclamaba su derecho a expresarse", sostuvo.
Un proceso "viciado desde el origen"
Para la defensa y el entorno familiar, el expediente judicial carece de toda validez legal desde su génesis. De acuerdo con lo manifestado, la causa se originó a partir del testimonio de un integrante de un centro vecinal cuyas declaraciones habrían presentado contradicciones sustanciales entre la primera y la segunda audiencia. "En la primera dijo que no lo conocía y en la segunda que sí. Los abogados alegaron falso testimonio, pero no hicieron caso. Todo el juicio está viciado desde un principio y nunca dieron lugar a nada", afirmaron, tras asegurar que cuentan con los registros de las audiencias que confirman estas anomalías.
Asimismo, la familia insiste en que Yebara sostiene una postura de confrontación con la verdad para evidenciar que "la cabeza está arriba del juez Staricino" y que hay una densa red de complicidades políticas e institucionales. "No es el único culpable. Hay diputados, ministros, jefes de policía y miembros de Casa de Gobierno involucrados, pero nadie se atreve a investigar a los de arriba", reclamaron.
Puertas cerradas y reclamos sin respuesta
Ante este escenario, la familia ha intentado abrir canales institucionales en múltiples dependencias provinciales, hasta ahora sin éxito. Presentaron notas formales dirigidas al Poder Ejecutivo provincial, al procurador general y al Ministerio de Seguridad —responsabilizando a esta última cartera por la integridad física del detenido—, además de una presentación formal reciente ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, denuncian un persistente silencio administrativo.
"Hice notas a Casa de Gobierno y no me contestan. Al procurador general le informamos sobre varias irregularidades del Ministerio Público de la Acusación y tampoco hay respuestas. Lo único que pido al gobernador es que me reciba, que escuche lo que está pasando", imploró la hermana de Yebara, al tiempo que depositó sus expectativas en que la Procuración actúe con independencia en el análisis de las actuaciones elevadas por el fiscal.
Mientras la familia aguarda la visita reglamentaria para constatar de primera mano las condiciones en las que se encuentra y retirar copias de las denuncias radicadas, el proceso avanza bajo un clima de marcada desconfianza en las instituciones y con un único detenido que, pese al aislamiento y las sanciones, anticipa que mantendrá su postura de señalar las responsabilidades políticas y judiciales de una trama que promete seguir sumando capítulos.
