El Expreso de Jujuy
En Caspalá el polvo todavía guarda la memoria de las topadoras, pero en los tribunales federales de Jujuy el expediente acaba de cerrarse con un sello de limpieza para el poder político. Este miércoles 11 de noviembre, la jueza federal María Catalano firmó el sobreseimiento de los seis exfuncionarios provinciales acusados de haber despilfarrado 43 millones de pesos en una escuela fantasma y de haber pasado por encima de la historia y los derechos de toda una comunidad.
La decisión salió tras una audiencia de control de acusación en la que pesaron más los argumentos de las defensas que el rastro visible del daño en el territorio. Con esta firma quedaron libres de culpa y cargo la exministra de Educación María Teresa Bovi, la extitular de Infraestructura Educativa María Victoria Martínez Fascio, el arquitecto José Raúl Torrejón, María Cecilia Rotondo, Diego Ignacio Montenovi y el excomisionado municipal Natividad Apaza. A todos se los investigaba por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
Para la magistrada, los hechos denunciados no encajan en ningún delito penal, lo que en la jerga tribunalicia llaman "falta de tipificación legal". En criollo, para la Justicia Federal, destruir el patrimonio de un pueblo, dejar una obra tirada por la mitad y rendir papeles flojos sobre millones de pesos del Estado no alcanza para ir a juicio.
Una cancha tomada a la fuerza y un antigal hecho pedazos
Para entender la bronca que hoy recorre las calles de este rincón de Valle Grande hay que volver a noviembre de 2022. Por entonces, Caspalá todavía disfrutaba del reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo. Ese orgullo duró poco frente a la prepotencia oficial, el gobierno provincial decidió meterse a la fuerza en la única cancha de fútbol del pueblo para levantar allí una escuela.
Cuando los vecinos se plantaron de manera pacífica para defender su lugar de encuentro, la respuesta fue a los tiros de goma y gases. Hubo heridos, detenidos y un pueblo entero sitiado por la policía. Pero lo peor vino después: para intentar calmar las aguas y armar una cancha nueva en otro lado, metieron máquinas pesadas sobre un antigal, un yacimiento arqueológico ancestral de enorme valor histórico, y arrasaron también con las quintas y los árboles frutales de los pobladores.
El tiempo le dio la razón a la comunidad, al menos en los papeles. En noviembre de 2024, la propia Justicia Federal homologó un acuerdo de reparación integral que obligaba al Gobierno de Jujuy a devolver la cancha original y a remediar el desastre ambiental y cultural. Dos años después, ese fallo sigue siendo letra muerta. La cancha no volvió, el patrimonio perdido no tiene vuelta atrás y los funcionarios que ordenaron el atropello ni siquiera tuvieron que sentarse en el banquillo.
El silencio de los expedientes
Lo más llamativo del fallo de Catalano es que llega apenas dos semanas después de que los abogados de la comunidad volvieran a golpear las puertas del juzgado para denunciar que el Estado seguía incumpliendo las órdenes judiciales y metiendo máquinas sin ningún control arqueológico.
El cierre de la causa deja una sensación amarga que excede a Caspalá. El mensaje que baja desde los despachos judiciales es transparente: en Jujuy se puede reprimir a un pueblo entero, destruir reliquias prehispánicas irrepetibles, dejar 43 millones de pesos en la nada y desobedecer durante años una sentencia federal sin que a ningún funcionario le tiemble el pulso ni le cueste un día de condena.
