Consejo de la Magistratura de Jujuy: JURARON SUS MIEMBROS EN UN ÓRGANO ALINEADO AL OFICIALISMO

En un acto celebrado en el Salón Vélez Sarsfield de Tribunales, prestó juramento el Dr. Mariano Gabriel Miranda como presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Jujuy, formalizando la puesta en marcha del nuevo órgano constitucional. 

Aunque el discurso oficialista insistió en la "transparencia", la "pluralidad" y la "independencia judicial", la nómina de las autoridades que juraron delata un férreo control del radicalismo gobernante sobre los estamentos clave.

El evento estuvo encabezado por el gobernador Carlos Alberto Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola, acompañados por los jueces de la Corte provincial: Dres. María Eugenia Nieva, Martín Francisco Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo César de la Colina y Eduardo Esteban Uriondo. Asistieron también autoridades de los Ministerios Públicos, del Poder Ejecutivo y Legislativo, de la Justicia Federal, de la Corte de Salta —representada por José Gabriel Chibán y Sergio Fabián Vittar—, diputados provinciales como Rubén Rivarola y Federico Canedi, además de magistrados, funcionarios e invitados especiales.

Un mapa de poder hegemonizado por el Radicalismo

Tras la lectura por parte de la secretaria del cuerpo, Dra. Mónica Medardi, y la jura del Dr. Mariano Mdel acta iranda al frente del organismo, se tomó juramento a los integrantes de los distintos estamentos. La nómina evidencia una marcada composición técnica y política adicta al partido de gobierno, empezando por su titular, Mariano Miranda, de histórica pertenencia al esquema de Cambia Jujuy.

La nómina completa del cuerpo de 11 integrantes titulares quedó constituida de la siguiente manera: Presidencia: Dr. Mariano Gabriel Miranda. Suprema Corte de Justicia: Dr. Martín Francisco Llamas (titular). Estamento de los Jueces: Dra. Norma Beatriz Issa y Dr. Luis Ernesto Kamada (titular). Abogados de la Matrícula: Dres. Leonidas Francisco Alfaro y Daniel Héctor Lemir (titular). Poder Legislativo: Dra. Ivana Gisel Bravo, Dr. Adriano Morone y Dra. Daniela del Carmen Vélez (titular). Poder Ejecutivo: Dra. María Marcela Infante y Dr. Normando Álvarez García (titular).

A ellos se suman los miembros suplentes: los Dres. María Eugenia Nieva y Eduardo Esteban Uriondo (Suprema Corte); las Dras. María Laura Flores y Norma Pamela de las Cruces (Jueces); la Dra. Melina Nahir Calisaya Pérez y el Dr. Fernando René Echenique (Abogados); la CPN María Teresa Agostini, el Dr. Omar Alberto Gutiérrez y la Dra. María Claudia Sánchez Cantaberta (Poder Legislativo); y los Dres. Andrés David Lazarte y Gustavo Camu (Poder Ejecutivo).

Según lo dispuesto por la Ley Nº 6486 (modificada por la Ley Nº 6506), los consejeros durarán cuatro años en sus funciones, con posibilidad de una sola reelección consecutiva, y únicamente los representantes del colegio de abogados percibirán retribución económica.

Juramento en los Ministerios Públicos

En el marco de la misma jornada, prestaron juramento las máximas autoridades y representantes de los estamentos de fiscales y defensores:

Ministerio Público de la Acusación: Juraron el procurador general, Dr. Alejandro Atilio Bossatti; el procurador general adjunto, Dr. Diego Eduardo Chacón; los fiscales titulares, Dres. Romina Celeste Núñez y Diego Ignacio Funes; y sus suplentes, el Dr. Ernesto Lian Resua y la Dra. Daiana Alejandra Serrano Antar.

Ministerio Público de la Defensa: Asumieron la defensora general, Dra. María Gabriela Burgos; el defensor general adjunto, Dr. Guido Matías Luna; los defensores titulares, la Dra. Claudia Emma Lamas Juárez y el Dr. Jorge Rafael Abud; y sus suplentes, las Dras. María Florencia Quintar y Lidia Noemí Galindo Blaha.

 Idoneidad y concursos bajo la lupa

Durante los discursos protocolares, las máximas autoridades buscaron defender la legitimidad del proceso. El gobernador Carlos Sadir y el presidente del Consejo, Mariano Miranda, reivindicaron el camino iniciado en 2015 con el Tribunal Evaluador y consolidado en la reforma constitucional de 2023, asegurando que más del 70% de los jueces, fiscales y defensores en funciones accedieron a sus cargos por concurso público. Sadir ponderó la publicidad de las ternas y la posibilidad de impugnaciones ciudadanas en el plazo de diez días hábiles.

A su vez, el presidente de la Suprema Corte, Federico Otaola, sostuvo que la institucionalización del Consejo fortalece el sistema republicano y da garantías de probidad e idoneidad. Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis tildó la jornada como un "hecho histórico" de "34 consejeros jurando", remarcando que el Consejo no solo seleccionará vacantes sino que tendrá competencias para disciplinar y enjuiciar al sistema judicial.

En tanto, el consejero legislativo Adriano Morone resaltó el rol del órgano en capacitación y disciplinamiento argumentando una supuesta "representación plural", mientras que el diputado Federico Canedi calificó la jornada como un "antes y un después" que exige independencia sin condicionamientos partidarios. Sin embargo, la amplia sobrerrepresentación de cuadros técnicos y políticos afines al oficialismo en la grilla de consejeros abre fuertes interrogantes sobre hasta qué punto este nuevo órgano garantizará un verdadero contrapeso de poder o si actuará como una escribanía judicial al servicio del Ejecutivo provincial.

Bernis recordó que el sistema de concursos públicos permitió avanzar en la selección de magistrados a partir de criterios de idoneidad y transparencia. En ese marco, remarcó que el objetivo es garantizar una Justicia independiente, que actúe con honestidad y celeridad, y que resuelva los conflictos conforme a derecho.

“Se necesita una Justicia independiente y, a la vez, una Justicia que sea proba, que trabaje con honestidad, que tenga rapidez, que resuelva los temas y que actúe siempre conforme al derecho, dejando de lado las cuestiones que no tengan que ver propiamente con la justicia misma”, enfatizó.

El vicegobernador también hizo hincapié en que las atribuciones del nuevo organismo no se limitan a la selección de magistrados para cubrir vacantes en el Poder Judicial y en los ministerios públicos.

“El funcionamiento del Consejo de la Magistratura no va a servir solamente para la designación de nuevos jueces o para cubrir vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación o el Ministerio Público de la Defensa, sino que también va a servir para enjuiciar y observar el funcionamiento de todo el sistema judicial”, concluyó.