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Según el Registro de Comunidades Aborígenes hasta  diciembre del 2020 estaban registradas 268 comunidades aborígenes en la provincia de Jujuy. Además había un numero similar de comunidades que no estaban registradas y otras 100 que solo están inscriptas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sin embargo el gobierno de la provincia envió, para su aprobación un proyecto de ley para la entrega y reconocimiento de tierras solamente a 70 comunidades de la provincia de Jujuy.

Referentes  de la Comunidad de Caspalá se manifestaron a través de una audiencia en la Fiscalía, con el objeto de denunciar la existencia de una nota que contendría firmas falsificadas y repetidas donde se autoriza la expropiación de tierras de la comunidad.

La Organización Campesina de los Perilagos rechazó la pretensión del Gobierno de Jujuy de avanzar con un proyecto inmobiliario para el desarrollo de un "ecoparque" en una zona de diques del sur provincial, pese al reclamo de sectores que esperan un fallo de la Corte Suprema sobre su viabilidad.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la detención del responsable de la firma REMAX en Jujuy, un corredor inmobiliario que no tenía la habilitación del Colegio de Martilleros para ejercer la actividad inmobiliaria en la provincia.

Un emprendimiento inmobiliario de la empresa REMAX pretende despojar de sus tierras a varias comunidades originarias de Huacalera con la venta de más de 18 mil hectáreas. Para impedir se avance contra los derechos de los habitantes del lugar, se realiza un corte de ruta.

La Justicia jujeña hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Organización Campesina de los Perilagos que nuclea a familias campesinas de la zona de los diques, quienes lograron frenar la licitación de ventas de lotes impulsada por el Gobierno provincial, informaron desde esa entidad.

El oficialismo buscará sancionar el martes próximo en la Cámara de Diputados un proyecto que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

Cuatro personas detenidas, numerosos lesionados y el dolor de muchas familias fue el saldo del uso de la fuerza pública para desalojar y quitarle sus tierras a integrantes de la comunidad aborigen Tusca Pacha, de la ciudad de Palpalá.

Familias que se asentaron en terrenos recuperados de la playa del Rio Grande, en el sector del Barrio Barcena, denunciaron abusos de una empresa constructora que pretende avanzar, en complicidad con el gobierno provincial, sobre terrenos que los mismos vecinos acondicionaron para construir sus viviendas.