
El hecho sucedió en horas de la mañana en un sector del subsuelo del hospital “Héctor Quintana”. La rápida intervención de bomberos y personal de Defensa Civil, evitaron que el fuego se propague por otras áreas.
Referentes de la Comunidad de Caspalá se manifestaron a través de una audiencia en la Fiscalía, con el objeto de denunciar la existencia de una nota que contendría firmas falsificadas y repetidas donde se autoriza la expropiación de tierras de la comunidad.
JUJUY10 de abril de 2023Lucía Apaza, comunera de la localidad afirmó que “a la gente les dijeron que era una nota para que puedan comprar un terreno y construir allí la cancha, sin embargo luego se dieron con la novedad que era una notar para la expropiación”.
“Estamos reclamando porque hay una nota del comisionado, donde dice que firmamos todo el pueblo y no es así. Quiero aclarar que hay firmas falsificadas, repetidas. La gente dice ahí que han firmado en pedido para que se compre unas tierras para construir la cancha, no para la expropiación como lo hicieron. Estamos dispuestos a bajar esa nota porque la gente se va enterando y se animan a hacer las denuncias correspondientes para dar de baja esa nota”.
La audiencia se dio en el marco de otra instancia de la lucha que mantiene la comunidad desde hace cinco meses “en defensa del territorio y de sus derechos como pueblos indígenas preexistentes”.
Los referentes se oponen a la construcción de una escuela en un espacio usado como cancha y solicitan que el establecimiento se construya entro sector.
Los pobladores denuncian que Caspalá fue ocupado en enero último por fuerzas policiales que custodian las topadoras que arrasan con la cancha comunitaria. El 18 de enero, las personas que trataban de evitar la destrucción de la cancha fueron reprimidas. En la oportunidad, varios vecinos y vecinas fueron denunciados penalmente, y una vocal municipal fue suspendida de manera express, acusada de haber apoyado la protesta.
Así también, un trabajador municipal estuvo desaparecido por 25 días y tanto él como su familia denunciaron que había padecido hostigamiento de parte del comisionado municipal Natividad Apaza.
Según comentó Lucía Apaza, “las obras siguen avanzando y están trabajando los feriados y domingos para poder avanzar. Pero nosotros nos vamos a poner firme para defender nuestros derechos porque esa cancha nos pertenece a la comunidad. Vamos a ir por la parte legal”.
Finalmente, otra de las comuneras expresó, “queremos justicia para el pueblo de Caspalá. No querernos más atropellos ni avasallamientos. El comisionado siempre lo hace porque está bien agarrado del Gobernador. Nosotros queremos que nuestra cancha quede como está, no queremos que se haga la escuela ahí. No estamos en contra de que se haga la escuela. Si queremos pero tiene su espacio donde actualmente es la granja, donde siembra la escuela, los chicos.
Ahí es el espacio para la escuela secundaria. Queremos que nos respeten, queremos vivir como era antes y no así, amenazados por la policía, rodeados de la policía. Ya no queremos vivir así nosotros. Estamos atemorizados, queremos justicia, que nos apoyen las comunidades”.
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“Digitalización de información estudiantil, tareas administrativas, tabulación de datos, carga en el SINIDE, elaboración de planillas, tutorías, apoyo escolar, proyectos de alfabetización, acompañamiento a carrozas, sábados estudiantiles y elección reina son algunas, entre muchas otras responsabilidades que tiene la función de preceptor en los colegios secundarios.
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La intervención del gremio que agrupa a los trabajadores y choferes de las empresas de colectivos de Jujuy, sigue sin dar respuesta a las numerosas falencias que tienen, como ser diferencias en el pago de salarios, cobertura de obra social, falta de ART en la totalidad de las empresas, despidos masivos, etc.
Luego de una semana de protestas y de presencia en la capital jujeña para viralizar la situación, padres de las Escuelas Normal de Tilcara y de la Escuela 49 Artes, lograron que funcionarios de segunda línea del Ministerio de Educación, concurrieran a dicho establecimiento. Mientras mantenían una reunión con directivos y docentes, otra adolescente intentó quitarse la vida, como consecuencia del acoso escolar que sufre.
J.M.G., fue condenado a la pena de seis años de prisión por el delito de “Abuso Sexual con acceso carnal con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por la convivencia”, ilícito perpetrado en el barrio Alto Comedero, entre el año 2021 y 2022.
El oficialismo impulsa un proyecto de modificación de la ley 6070 de “Creación del Sistema de Recupero de Gastos Hospitalarios” donde se busca optimizar el proceso de recupero de costos hospitalarios en aquellos conductores que estando ebrios o bajo efectos de estupefaciente y que sean partícipes de un accidente de tránsito.
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