Un operativo conjunto entre EJESA y la Policía de Jujuy dejó sin suministro de energía eléctrica a cientos de hogares de un barrio de Alto Comedero. Las conexiones precarias abastecían de energía a hogares en situación vulnerable. los vecinos denuncian el incumplimiento del Certificado de Vivienda Familiar y violaciones a normativas nacionales e internacionales.
JUJUY04 de julio de 2025
El Expreso de Jujuy
El jueves 3 de julio, en medio de la ola polar que afecta a gran parte del país, más de 800 familias del barrio RENABAP Aeroclub de San Salvador de Jujuy quedaron sin servicio eléctrico tras un operativo llevado a cabo por la empresa distribuidora EJESA, con apoyo de fuerzas policiales. Los operarios procedieron a cortar los cables que, de forma precaria, brindaban luz a las viviendas del asentamiento.
El barrio, identificado dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), cuenta con el Certificado de Vivienda Familiar (CVF), documento que acredita el derecho a acceder a servicios básicos. Sin embargo, denuncian que la empresa incumple esta normativa, desoyendo las disposiciones de la Ley Nacional N°27.694, que establece la obligación de brindar servicios públicos a estos barrios en condiciones adecuadas, sin discriminación.
Desde organizaciones sociales y vecinos denuncian que esta acción vulnera derechos fundamentales:
El derecho humano a la energía, reconocido por las Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N°26.061).
Protocolos de actuación policial, ya que durante el operativo se utilizó la fuerza para reprimir e intimidar, en lugar de mediar.
A su vez, apuntan contra los vínculos entre EJESA y el gobierno nacional. La empresa fue adquirida este año por Edison Energía, un holding liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios ligados a Santiago Caputo, asesor de confianza del presidente Javier Milei. Denuncian que esta cercanía ha facilitado licitaciones bajo sospecha de favoritismo y que los aumentos tarifarios recientes han beneficiado a estos grupos empresarios, mientras se niega un servicio básico a familias vulnerables.
Las organizaciones exigen:
La restitución inmediata del servicio eléctrico.
Conexiones formales sin cobros abusivos.
Investigación por abuso de poder de la empresa y la policía.
Transparencia en los contratos entre EJESA y el Estado nacional.
La situación ha generado un fuerte repudio en sectores sociales, de derechos humanos y vecinos de la zona, que reclaman soluciones urgentes frente al frío extremo y la desprotección de cientos de familias
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