El Expreso de Jujuy
El referente del partido provincial Hacer Otra Historia, Santiago Seillant, reclamó al gobernador Carlos Sadir que adopte medidas urgentes para impedir la extranjerización de tierras en Jujuy, luego del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y fijaba condiciones particulares para las zonas de frontera. La Corte Suprema, sin embargo, aclaró que su reciente fallo se limitó a una cuestión procesal vinculada con la legitimación de la entidad que había presentado la demanda y que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.
Seillant sostuvo que el nuevo escenario genera una preocupación particular para Jujuy por su condición de provincia fronteriza con Bolivia y Chile.
“Hoy no hay límites. Cualquier persona física, una sociedad, una empresa o incluso otro Estado podría comprar tierras”, advirtió el dirigente.
En ese sentido, reclamó al Gobierno provincial que avance con medidas cautelares y acciones administrativas destinadas a resguardar el territorio jujeño.
El dirigente planteó que la respuesta no debería limitarse al ámbito judicial y señaló la necesidad de involucrar a organismos provinciales que intervienen en las operaciones inmobiliarias.
“Para que se acredite la transferencia de propiedades y la venta intervienen escribanos que tienen que ser jujeños. Por eso llamamos al Colegio de Escribanos. También a los responsables de la Dirección de Inmuebles, que tienen a su cargo la inscripción de las ventas”, explicó.
Para Seilland, esos organismos deberían analizar qué herramientas administrativas pueden utilizarse mientras continúa el debate judicial y legislativo sobre la vigencia del DNU 70/2023.
Como antecedente, mencionó la decisión adoptada por Misiones, cuyo gobernador, Hugo Passalacqua, instruyó al fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para resguardar el territorio provincial después del fallo de la Corte. La provincia misionera presentó su estrategia precisamente ante el escenario generado por la derogación de la Ley de Tierras.
“Si Misiones lo puede hacer, lo puede hacer Jujuy. Es una decisión que está dentro de las atribuciones del Gobierno de la Provincia”, sostuvo Seillant.
Adelantó que el planteo continuará en el ámbito judicial. Según indicó, el partido tenía previsto presentarse junto a otras organizaciones y sindicatos ante el Juzgado Federal ubicado en Senador Pérez y Belgrano, en San Salvador de Jujuy.
La intención es reclamar que se analicen medidas destinadas a evitar que las operaciones de transferencia de tierras puedan consolidarse mientras se discute la validez constitucional del artículo 154 del DNU.
Seillant cuestionó además el proceso iniciado con el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 y recordó que la derogación de la Ley de Tierras fue cuestionada judicialmente y también generó intentos de tratamiento legislativo.
La Corte Suprema aclaró que su reciente resolución no impide que otros actores soliciten medidas cautelares ni clausura el debate sobre la constitucionalidad del DNU, que también continúa en el Congreso. “Mientras el pueblo jujeño tiene problemas para acceder a un terreno y a una vivienda digna, existe el riesgo de que cientos de miles de hectáreas queden en manos de empresas o sectores extranjeros”, afirmó Seillant, quien calificó la situación como “inadmisible”.
El reclamo del partido se produce en un momento en que el fallo de la Corte volvió a colocar en el centro de la discusión el régimen de propiedad de tierras rurales y, particularmente para las provincias fronterizas, las herramientas disponibles para proteger su territorio.
