El intendente de la ciudad jujeña de Perico Luciano Demarco, denunció hoy ser objeto de una "persecución" impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, al defenderse de una suspensión y juicio político en su contra por denuncias relacionadas con la supuesta usurpación de un espacio verde y con otras acciones dentro de su plan de gestión municipal.
La multisectorial "Por la democracia y los derechos de la ciudadanía de Jujuy" volvió a denunciar hoy que la justicia provincial "persigue" a ciudadanos que "se atreven a cuestionar las injustas y despóticas medidas que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales".
Las organizaciones conocidas como "Los Cayetanos", aliadas del Gobierno nacional, realizaron hoy una movilización a la sede la Corte Suprema de Justicia, donde denunciaron una "persecución judicial" hacia los dirigentes sociales, a la vez que reclamaron por la libertad de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien cumple con prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.
La diputada nacional Leila Chaher se refirió a los 15 allanamientos realizados en diversas viviendas y merenderos de la provincia, destacando que “se vuelve a demostrar como hace seis años que Gerardo Morales utiliza el poder judicial, convertido en su partido judicial, para amedrentar, perseguir y disciplinar a todo aquel que piense distinto”.
Organizaciones sociales de derechos humanos y sindicales de Jujuy expresaron hoy su rechazo a las investigaciones que lleva adelante la justicia provincial para "criminalizar la protesta social" con 15 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones populares concretados ayer, y coincidieron en criticar "el aparato de Gobierno que ahora va contra esas entidades".
Diputados nacionales y dirigentes sociales y sindicales denunciaron hoy en el Congreso "graves atropellos" contra los movimientos sociales en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy, que incluyeron allanamientos a viviendas y comedores en barrios populares y anunciaron una movilización para repudiar esos hechos el próximo 15 de julio.
Como última medida judicial, previo a las elecciones PASO y tras un accionar investigativo récord del Ministerio Publico de la Acusación, en la jornada del viernes se decidió elevar a juicio dos causas iniciada por los incidentes ocurridos en la cancha de Campo Verde y otra por un incidente con vendedores ambulantes, donde están involucrados Milagro Sala y el abogado Héctor Huespe.
El Juez de Control en lo Penal Económico de Jujuy Rodolfo Fernández rechazó hoy un habeas corpus presentado por la defensa del abogado de DDHH Héctor Huespe, quien continua detenido por "no comparecer" ante diversas causas en las que fue involucrado y que fueron impulsadas mientras ejercía su profesión en conflictos de feriantes y colectivos barriales jujeños.
El abogado jujeño de Derechos Humanos Héctor Huespe denunció persecución política por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales, al indicar que pesan sobre él cuatro causas por "ejercer su profesión" en defensa de feriantes y vecinos del barrio Campo Verde, tras el accionar represivo de la policía de Jujuy en el marco de un conflicto por el desalojo de un espacio verde.
El gobierno provincial presentó una propuesta formal para un aumento del 18%, además del pago de un bono de 20.000 para quienes cobren por debajo de los 400.000 pesos y el aumento en el pago de las asignaciones familiares.
Centenar de Trabajadores, docentes y estudiantes se congregaron alrededor de Plaza Belgrano en defensa de la Universidad y la educación pública.
Durante la jornada del martes, se filtró un petitorio general en el que agentes del servicio penitenciario rechazarían la implementación de aumento en la carga horaria.
Un violento asalto quedó registrado durante la mañana del lunes, cuando tres delincuentes redujeron a un conductor de un remis atándolo de pies y manos, para encerrarlo en el baúl del automóvil con el que tenían decidido cometer un robo millonario.
Karina, de 20 años, regresó a la casa donde fue maltratada desde niña; es porque Nación dejó de pagar una asignación que por ley perciben los jóvenes que cumplen 18 años y egresan de hogares sin haber sido adoptados.