El Expreso de Jujuy
Convocadas a través de la unidad piquetera, diversas organizaciones se movilizaron esta mañana a la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, para denunciar "la escalada represiva de Gerardo Morales que viene de encarcelamientos, ayer allanamientos, con lo cual ya no solo está ilegalizada la protesta sino también ahora busca ilegalizar a las organizaciones con la carátula de asociación ilícita", denunció el dirigente del Polo Obrero de Jujuy Sebastián Copello.
Por su parte, José Zurita de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) convocó "a todos los sectores para un gran jujeñazo, porque no podemos naturalizar la figura de asociación ilícita".
Ayer, efectivos de la Policía de Jujuy realizaron allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales donde funcionan merenderos, en cumplimiento de una medida judicial en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión.
La medida fue ordenada por juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio.
"El Gobierno ha emprendido una campaña para criminalizar la protesta social y esto no es de ahora, viene de hace tiempo contra los trabajadores desocupados y contra los estatales", afirmó por su parte el diputado nacional del Frente de Izquierda Alejandro Vilca y recordó que "los docentes se movilizaron hace un tiempo y también los persiguieron".
"Hay que ponerle un freno y decirle basta a Gerardo Morales", enfatizó.
A su turno, Edgar Lima del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), calificó de "despótico" al gobierno de Morales que "desde hace años nos viene atropellando y criminalizando".
"Nos quieren investigar no tenemos nada que esconder. Si quieren investigar que investiguen el acuerdo con el FMI o investiguen los 82 mil planes Potenciar Trabajo que tiene Gerardo Morales", afirmó y sentenció: "nosotros los pobres de los barrios tenemos derechos a organizarnos para pelear por una vida digna".
Ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió "el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales" y manifestó "su enorme preocupación por una nueva escalada" de este accionar.
Por otro lado, esta mañana el fiscal Funes se refirió a los allanamientos realizados ayer y afirmó que se recabó "muchísima información", entre ellos de documentación, celulares y equipos informáticos desde los domicilios de dirigentes sociales.
"Estamos analizando toda la información, los elementos secuestrados serán aperturados cuando tengamos la autorización del juez", indicó y agregó que recién ahí se podrá tener "cabal conocimiento de las personas involucradas si es que las hay y de la estructura delictiva, si es que la hay".
Sin dar nombres, sostuvo que "hay indicios que podrían llevarnos a pensar de que estas personas tienen un manejo de dinero muy importante que no se corresponde con su situación de desocupados o de beneficiarios de algún tipo de plan".
En ese sentido, dijo que la hipótesis que la fiscalía busca corroborar "van en el sentido de que había un cierto mecanismo tendiente a hacerse del dinero de gente vulnerable a partir de amenazarlos con perder su plan si la persona no concurría a la marcha o con quitarles cierta cantidad de dinero del beneficio".
Asimismo indicó que hasta el momento no hay personas citadas a declarar, tras las denuncias recibidas por asociación ilícita y extorsión las cuales investiga.
