El Expreso de Jujuy
Se trata de un documento colectivo que cuenta con la adhesión de 25 activistas, los cuales fueron detenidos, tienen causas penales y fueron víctimas -según la denuncia- de "espionajes ilegales" por encabezar protestas sociales contra el gobierno de Gerardo Morales.
"Todos fuimos violentados en nuestros más elementales derechos constitucionales, pues fuimos observados, fotografiados e infiltrados por parte del Estado provincial y que podemos apreciar en las circunstancias que rolan" reza el documento al que tuvo acceso Télam y que fue presentado en los tribunales locales.
La medida también busca una protección ante una manifestación que tendrá lugar mañana en las calles céntricas de San Salvador, donde múltiples sectores populares se movilizarán en reclamo de diversas demandas al Estado jujeño.
"Tememos por nuestra libertad e integridad física, al ejercer legítimamente el derecho a protestar, a reunirnos y a la libertad de expresión en Jujuy", advirtieron para luego recordar que ya se registraron al menos una decena detenciones en lo que va de este año en el marco de distintas protestas o manifestaciones.
Entre ellas destacan la privación de libertad de dirigentes del Frente del Lucha Piquetero, en los primeros días del mes de marzo, cuando solicitaban mayor asistencia a 150 merenderos barriales y posteriormente, en abril, se detuvo a activistas de estos espacios en otra protesta contra el FMI.
También en abril, pero esta vez en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, momento que se llevó adelante una multitudinaria movilización de colectivos sociales, se registraron incidentes y ello llevó a la apertura de nuevas causas contra referentes.
Reseñaron que el pasado 6 de julio allanaron al menos 16 domicilios y sedes de espacios sociales luego que se realizaran "espionajes ilegales" a quienes participaron de la protesta antes nombrada por lo que temen se avance con nuevas causas penales.
"Hay una clara demostración del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ha decidido instalar un estado policial en la provincia y ese estado está totalmente alejado del concepto de democracia", indicaron ante la prensa local los representantes legales de los activistas.
Más adelante consideraron, "grave" la situación creada en la provincia que vive una "escalada hacia la represión" que se produce porque Morales "no tiene respuestas para los más necesitados"
El documento indica que oportunamente, y llegado el caso, se "ordene al Ministerio Público de la Acusación y a las fuerzas de seguridad provincial cesar en la amenaza de restricciones de las libertades de los peticionantes".
