La agrupación Hijos de Jujuy, con la adhesión de organismos de Derechos Humanos, denunció hoy a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial por “acoso y hostigamiento”, luego de exponer la violación de leyes nacionales por “destruir” sitios de la memoria y excentros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura cívico militar.
JUDICIALES01 de julio de 2022
El Expreso de Jujuy
“Por el hostigamiento e intento de desprestigio mediático, Hijos-Jujuy realizó una presentación ante la justicia por acoso y hostigamiento mediático por parte de la secretaria de DDHH de Jujuy, Marcela Infante; el director de Arquitectura, Horacio Calsina; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, y el gobernador Gerardo Morales”, se indicó en un comunicado de la agrupación.
El colectivo aseguró que el gobierno jujeño “en un claro acto de impunidad ha realizado una seguidilla de notas periodísticas y entrevistas, en medios de comunicación simpatizantes para tratar de tapar y poner un manto de legalidad a la demolición y destrucción de los sitios de memoria que están llevando adelante en la provincia”.
En ese marco, calificaron como “grave” la postura de los funcionarios, debido a que “están infringiendo la ley nacional de sitios de memoria, Ley 26.691 que declara Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal”, durante la última dictadura.
Sobre ese punto hicieron alusión al ex “Comando Radioeléctrico”, ubicado en pleno centro de San Salvador, “totalmente demolido”, y el terreno del barrio Alto Padilla II, el cual “fue un sitio donde en los años de dictadura hubo enterramientos”, agregaron.
Los denunciantes afirman que los funcionarios nombrados “estigmatizan” a los integrantes de organismos de DD.HH., “poniéndolos en el papel de opositores políticos como lo manifestó el Ministro Stanic en distintos medios de comunicación, o responsabilizándolos de demorar y/o impedir el progreso en Jujuy”.
“Es evidente que lo que estos funcionarios pretenden es encubrir grandes ilegalidades y fraudes, mediante el descrédito hacia nuestro organismo que es denunciante de sus transgresiones legales”, enfatizaron.
Por otra parte, hicieron alusión que los funcionarios públicos, “hacen referencia a que hay acuerdo cerrados con los organismos de DDHH respecto a las obras del Sitio de Memoria “Comando Radioeléctrico”, con la clara intención de venderle a la población una imagen de legalidad inexistente y de posicionar a nuestro organismo de derechos humanos como un opositor sin razones valedera”.
A su vez repudiaron que la titular provincial de la secretaría de DDHH, Infante, “hizo correr el falso rumor de que Hijos- Jujuy, impedía que se avance con la obra del Sitio de Memoria ex Comando Radioeléctrico”.
Una veintena de organizaciones de Derechos Humanos acompañaron la denuncia de Hijos, las cuales expresaron su “estado de alerta por cualquier otro suceso que ponga en estado de vulneración” a los integrantes del colectivo denunciantes.
Luego de que la pareja fuera encontrada muerta en su vivienda, las autoridades sospechaban de un presunto femicidio seguido de suicidio. No obstante, la investigación dio un giro inesperado.
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Se trata del padre Bruno Atilio Luis en el marco de una investigación por graves delitos contra la integridad sexual. También se ordenó el allanamiento de su domicilio en Lozano. El religioso cumplen prisión preventiva por 40 dias y ya designó abogados defensores.
D.A.P fue condenado a la pena de 12 años de prisión como autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un descendiente”, hecho que tuvo como víctima a la abuela del sentenciado.
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El preceptor de un colegio secundario de la localidad de San Antonio, de 58 años de edad, identificado como J. L. V., fue condenado a la pena de 24 meses de prisión de ejecución condicional por ser penalmente responsable del delito de “Grooming”; ilícito que tuvo como víctima a una alumna de 15 años de edad.
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El diputado jujeño Alejandro Vilca fue gaseado frente al Congreso durante la marcha de jubilados.
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