El juez Sebastián Casanello consideró que existieron “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y concluyó que el exmandatario benefició al broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Cantero.
JUDICIALES10 de julio de 2025
El Expreso de Jujuy
El juez federal Sebastián Casanello resolvió este jueves el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en los contratos de seguros de organismos estatales durante su administración.
Se trata del primer procesamiento por corrupción que recae sobre el exmandatario. La imputación corresponde al delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, una figura penal que contempla penas de uno a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, cuando el funcionario “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.
Para el magistrado, está acreditado que Fernández intervino, en su calidad de jefe de Estado, para beneficiar al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, a quien definió como alguien “de su círculo íntimo”. Entre 2010 y 2019, antes de ser presidente, Fernández había trabajado para él como abogado y lobista, siendo Martínez Sosa su principal cliente en ese período.
Los negocios del bróker también involucraban a su esposa, María Cantero, quien fue designada como secretaria privada del expresidente cuando asumió la conducción del Ejecutivo.
De acuerdo con la resolución judicial, Fernández participó activamente del “plan de expansión de los negocios” del grupo Martínez Sosa con el Estado, un crecimiento que quedó reflejado en los montos percibidos.
Durante la presidencia de Fernández, Martínez Sosa obtuvo comisiones por un total de 2.252 millones de pesos, cifra que representó cerca del 60% del total abonado por Nación Seguros a intermediarios. En comparación, la segunda firma en el ranking, encabezada por el bróker Pablo Torres García, recibió apenas el 17%.
Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa
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Casanello ordenó también un embargo por $14.634.220.283,68 sobre los bienes del expresidente. En la misma resolución, procesó a otras 33 personas, entre ellas Cantero —por “negociaciones incompatibles” y “incumplimiento de los deberes de funcionaria”—, Martínez Sosa —como partícipe necesario— y el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por los delitos de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Según la investigación, la causa incluye también delitos como lavado de activos y cohecho. Se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, junto con su esposa, habría recibido sobornos de aseguradoras a través de cooperativas.
Tanos ocupaba la Gerencia del Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el mandato de Fernández. Posteriormente, fue ascendido a gerente general por la actual gestión de Javier Milei, pero fue cesado en sus funciones luego de que los investigadores comenzaran a reunir pruebas en su contra.
Además de los funcionarios imputados, el juez busca avanzar sobre las empresas involucradas. Desde 2017, las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables. Por eso, Casanello citó a indagatoria a ocho aseguradoras y, antes de emitir los procesamientos, ordenó allanamientos en distintas compañías.
El papel de Alberto Fernández en la causa Seguros
Casanello sostuvo que el sistema de contratación de seguros en el Estado operaba en dos planos: uno público y otro privado. En el ámbito formal, Fernández emitió el decreto 823/2021, que obligaba a todas las entidades públicas a contratar con Nación Seguros, “de modo de priorizar los fines públicos al afán de lucro”. Sin embargo, paralelamente, el juez afirma que se promovían negocios particulares con el entorno presidencial “en desmedro de aquella racionalización”.
Según la resolución, el expresidente “tenía un rol clave” en ese circuito paralelo. “Empoderando a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”. Parte de esa estrategia incluía mostrarse en fotografías con Martínez Sosa, lo que se convirtió en “un activo” que permitía al empresario “documentar el vínculo” y utilizarlo para cerrar negocios.
El juez sostuvo que, en algunos casos, Fernández no se limitó a respaldar con gestos simbólicos, sino que intervino personalmente a pedido de Cantero o Martínez Sosa, encargándose de “remover los obstáculos que pudieran aparecer”.
En la resolución se detallan dos episodios donde Fernández pasó de tener una actitud pasiva a una intervención directa.
El primero se refiere a los seguros de la Cancillería. “Ya me ocupo”, respondió Fernández a Cantero cuando ella le comentó que “estaban sacándole Cancillería a Hecky [apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor” como intermediario ante Nación Seguros. Pocos días después, Cantero le avisó a su esposo que Fernández había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. El bróker logró retener el contrato.
El segundo caso, según el fallo, ocurrió en 2022, cuando Martínez Sosa buscaba impedir la remoción de Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros, ya que su permanencia podía favorecer sus negocios con el Estado. El fallo indica que García Argibay tenía operaciones irregulares con el bróker a través de la firma Bachellier, una empresa fantasma.
Martínez Sosa logró reunirse con Fernández luego de insistir a través de varios mensajes. Tras el encuentro, le comentó a su esposa que había salido bien y que el conflicto se destrabaría. Finalmente, García Argibay conservó su cargo, a pesar de los cambios de autoridades en Nación Seguros.
El juez concluyó que “si la mera invocación no bastaba, los modos de convencimiento llegaban a incluir la intervención directa del entonces presidente: no era una venta de humo sino que la influencia era real”.
Este procesamiento es el segundo que enfrenta Alberto Fernández. El anterior fue por lesiones y amenazas contra su expareja, Fabiola Yañez, y fue ratificado por la Cámara Federal en abril de este año.
Alberto Fernández y su “comunidad de intereses económicos”
En su fallo, Casanello señaló que Fernández, Cantero y Martínez Sosa compartieron durante años una “comunidad de intereses económicos”. Cantero fue secretaria del expresidente desde la década del 90, cuando ambos ingresaron a la Superintendencia de Seguros, donde conoció a Martínez Sosa.
Antes de asumir la presidencia, Fernández emitía mensualmente (durante al menos nueve años) facturas a la empresa de Martínez Sosa por servicios “jurídicos”, según consta en la resolución. A partir de mensajes de WhatsApp obtenidos durante la investigación, se detectaron intercambios de dinero entre ambos entre 2016 y 2019. “A modo de ejemplo –escribió el juez-, en junio de 2016, Fernández preguntó si Rodríguez iba a ir al otro día, porque necesitaba ‘algo de dinero para el finde’”.
Daniel Rodríguez, a quien el juez identificó como parte del mismo círculo, fue designado por Fernández como intendente de la Quinta de Olivos. No obstante, antes de la asunción presidencial, trabajaba para él en tareas remuneradas por Martínez Sosa. Según el juez, “pagaba empleados que en los hechos prestaban labores para Fernández como Rodríguez, cercano al matrimonio”.
Otro indicio del vínculo fue consignado en las declaraciones patrimoniales del expresidente: hasta el final de su mandato, Fernández declaró una deuda de 20.000 dólares con Martínez Sosa, que nunca fue saldada.
El juez consideró que, dado el historial de negocios compartidos con Martínez Sosa y Cantero, Fernández debió haber cortado toda relación con ellos al asumir la presidencia. En cambio, según Casanello, “creó y habilitó un escenario permisivo” para el enriquecimiento de sus allegados.
Respecto de Cantero, el magistrado indicó que “estaba claramente de los dos lados del mostrador”. Su sola designación como secretaria privada ya generaba, en palabras del juez, “un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”. No obstante, Fernández le permitió utilizar su acceso a información y vínculos con funcionarios para diseñar una “estrategia de expansión y obtención de la máxima cantidad de contratos estatales posibles” para la firma familiar.
De acuerdo con la investigación, 14 organismos estatales firmaron contratos con la empresa de Martínez Sosa, para lo que el juez calificó como “la dudosa y desaconsejada tarea de intermediación”. Además, el bróker mantenía participación oculta en otros acuerdos. “Se ocultaba detrás de otros brokers para que no sonaran alarmas”, afirmó Casanello. En uno de los mensajes analizados, Pagliano menciona que Martínez Sosa no figuraba en una póliza “adrede”.
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