El Expreso de Jujuy
La situación judicial de los trabajadores despedidos de la empresa de transporte Santa Ana volvió a quedar bajo la lupa. El abogado Carlos Sebastián Espada, representante de los exempleados en distintas actuaciones derivadas del conflicto laboral con la firma, cuestionó la falta de avances que, según sostuvo, existe en una denuncia por presuntas amenazas presentada ante la Justicia provincial.
Espada mantuvo en las últimas horas una nueva reunión con los trabajadores y, tras el encuentro, volvió a marcar una diferencia entre las actuaciones que se desarrollan en el fuero federal y la investigación iniciada en el ámbito provincial.
“Mientras la Fiscalía Federal está investigando la denuncia y está llevando adelante una serie de medidas, el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia, en donde hicimos la denuncia por amenazas, ya van como dos o tres meses que guarda absoluto silencio”, afirmó el abogado.
Dos causas derivadas del conflicto laboral
El reclamo de la representación legal se vincula con dos investigaciones surgidas a partir del conflicto entre los trabajadores y la empresa.
Una de ellas quedó bajo la órbita de la Justicia Federal y está relacionada con presuntas irregularidades que los exempleados habrían detectado en sus liquidaciones finales y en información registrada ante organismos nacionales.
Según lo denunciado previamente por los trabajadores, en esos registros aparecerían liquidaciones por sumas de dinero que, de acuerdo con su versión, no habrían recibido efectivamente. La situación también habría generado inconvenientes al momento de realizar trámites vinculados con prestaciones ante la ANSES.
Sobre esta investigación, Espada señaló que la Fiscalía Federal estaría avanzando con distintas medidas destinadas a determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.
La otra actuación se encuentra en el ámbito de la Justicia provincial y tiene como eje una denuncia por presuntas amenazas y presiones que los trabajadores aseguran haber sufrido durante una reunión mantenida el 30 de marzo.
Denuncian presiones
De acuerdo con los antecedentes aportados por los trabajadores y su representación legal, durante aquella reunión se habrían producido advertencias destinadas a que desistieran de sus reclamos por diferencias salariales.
Entre las situaciones denunciadas figura la presunta advertencia de que podían perder sus puestos de trabajo y posteriormente encontrar dificultades para conseguir empleo en otras empresas del sector.
Los trabajadores también señalaron que la conversación habría sido grabada y que ese material fue aportado como elemento de respaldo de la denuncia presentada ante la Justicia provincial. Posteriormente se produjeron los despidos de los trabajadores involucrados en el conflicto.
El abogado reclama respuestas
Para Espada, la denuncia por las presuntas amenazas requiere un tratamiento específico y no debería quedar subsumida únicamente en la disputa laboral entre los trabajadores y la empresa.
El abogado volvió a reclamar que se informe qué ocurrió con las actuaciones y cuáles son las medidas adoptadas desde que la denuncia fue presentada.
El contraste señalado por la representación de los trabajadores es concreto: mientras observa avances y medidas en la investigación que tramita ante la Justicia Federal, sostiene que no recibió novedades durante los últimos dos o tres meses respecto de la presentación realizada ante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.
Los trabajadores despedidos continúan a la espera de avances en ambas investigaciones. La Justicia deberá determinar, en cada caso, si existieron irregularidades y si los hechos denunciados configuran responsabilidades que excedan el conflicto laboral.
