Fernando Burgos
La falta de desarrollo e inversión para la extracción del litio ya no se trata de “vacíos normativos” genéricos, sino de un actor concreto: JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado).
La participación forzosa de esta empresa estatal —lejos de proteger los recursos provinciales— se ha convertido en una barrera para el ingreso de capitales internacionales, limitando el desarrollo del litio en Jujuy y reduciendo los recursos que podrían llegar a la provincia.
Un informe de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise advierte que ciertos vacíos normativos generan incertidumbre a inversores y al Estado.
Pero en Jujuy, el problema no es sólo abstracto: tiene nombre y forma de empresa estatal. JEMSE es hoy uno de los principales obstáculos para que el litio jujeño despegue y para que ingresen más recursos a la provincia.
Empresas estatales provinciales y firmas internacionales comparten proyectos en Jujuy, Salta y Catamarca. Sin embargo, en Jujuy la Ley N.º 5.789 impone la incorporación obligatoria de JEMSE con un mínimo de 8,5% de participación en cada emprendimiento. Lejos de ser una ventaja, esta exigencia ahuyenta a inversores serios, que ven en la estatal un socio ineficiente, politizado y sin capacidad técnica ni financiera para acompañar megaproyectos.
La expansión de la demanda global de litio, impulsada por la electromovilidad y la transición energética, ubicó a Argentina como un actor clave del “Triángulo del Litio”. Pero mientras Salta y Catamarca logran atraer gigantes como Río Tinto o Eramet, Jujuy se queda atrás.
Por esta razón, las empresas evalúan riesgos y la participación obligatoria de JEMSE es percibida como un pasivo legal, un factor de incertidumbre que no existe en las provincias vecinas.
El litio se posicionó como un recurso estratégico: el 83% de la producción mundial se destinó a baterías en 2022. La oportunidad para Jujuy es enorme, pero JEMSE actúa como un cuello de botella.
El informe de la Fundación Libertad y el Center for International Private Enterprise señala vacíos estructurales y fragmentación institucional. En Jujuy, esa fragmentación se expresa en una empresa estatal que no agrega valor, sino que funciona como un peaje político que desalienta el desembarco de nuevos capitales.
El diseño institucional de la minería asigna a las provincias la titularidad de los recursos. Pero Jujuy llevó esa potestad al extremo: impuso una participación forzosa de JEMSE que, en la práctica, reduce los fondos disponibles para exploración y producción. Lejos de asegurar regalías más altas, espanta a las compañías. Las diferencias con Catamarca (CAMYEN) o Salta (REMSa) son notorias: allí el Estado provincial juega un rol de facilitador, no de socio compulsivo. Jujuy, en cambio, construyó un muro.
La ausencia de una legislación nacional específica para el litio es una traba, cierto. Pero en Jujuy el principal freno es local: JEMSE. Este vacío de gobernanza permitió que la provincia usara su poder normativo para blindar una empresa ineficiente, generando asimetrías que perjudican la inversión. Los proyectos se demoran, los plazos se alargan y los recursos que podrían destinarse a hospitales o rutas terminan diluidos en una estructura estatal que no rinde cuentas.
A nivel fiscal, el 3% de regalías es bajo, pero el problema más grave en Jujuy es el costo de oportunidad. Inversores canadienses, australianos, chinos y europeos miran con desconfianza el modelo JEMSE. Prefieren Salta o Catamarca, donde las reglas son más claras y no hay una estatal metida a la fuerza en el capital. Así, Jujuy se queda sin nuevas plantas, sin empleo calificado y sin el ingreso de divisas que sí capturan otras provincias.
El control sobre precios de transferencia es débil en todo el país, pero con JEMSE como socia, el riesgo de opacidad se multiplica. En lugar de garantizar transparencia, la empresa estatal se convierte en una caja negra. La subfacturación de exportaciones y la erosión de la renta provincial son más probables cuando el Estado es socio y regulador a la vez.
La volatilidad de los precios internacionales del litio exige agilidad privada. JEMSE no tiene esa agilidad. Las empresas aceleran o frenan inversiones según el contexto global, pero la burocracia y las decisiones políticas de una estatal provincial generan “ramp-up” irregulares y pérdida de competitividad. Mientras tanto, proveedores locales y trabajadores sufren los vaivenes de un modelo que prioriza el control político por sobre la eficiencia productiva.
Hoy unas 40 empresas operan en el país. Sólo ocho son argentinas y una es YPF. JEMSE no es parte de ese grupo dinámico. Proyectos como Centenario-Ratones (Eramet, USD 595 millones) o Fénix (Río Tinto, más de USD 110 millones) eligen Salta o Catamarca. Jujuy, con JEMSE como anzuelo inverso, mira desde afuera. Toyota Tsusho asociada con JEMSE es más la excepción que la regla: la mayoría de los grandes jugadores evita a la estatal jujeña.
La “fiebre del litio” ya no es sólo volumen, es reputación, certificación ambiental y producción ética. JEMSE no suma en ninguno de esos frentes. Por el contrario, su historial de gestiones cuestionadas y falta de transparencia aleja a los inversores constructivos —los que apuestan al largo plazo— y atrae apenas capitales oportunistas que buscan extraer renta rápida.
Las recomendaciones de la Fundación Libertad deberían leerse en Jujuy como una advertencia: modernizar el marco fiscal, fortalecer la coordinación, pero sobre todo revisar el rol de JEMSE. Mientras la estatal siga siendo un requisito obligatorio, los recursos no llegarán. La Mesa del Litio es útil, pero no puede ocultar que Jujuy tiene un problema endógeno de diseño institucional.
La gestión de regalías es clave, pero antes hay que tener inversiones que paguen regalías. JEMSE las bloquea. La previsibilidad y la transparencia son filtros para inversiones de largo plazo; JEMSE es, hoy, lo opuesto a la previsibilidad.
El capital constructivo cumple estándares rigurosos y huye de socios estatales ineficientes. El capital corrosivo, el de corto plazo, a veces acepta estas condiciones para aprovechar vacíos. Jujuy está atrayendo al segundo y ahuyentando al primero. El resultado: menos desarrollo, menos empleo, menos regalías.
Entre las propuestas para fortalecer el sector, ninguna será efectiva en Jujuy sin antes limitar o eliminar el poder de bloqueo de JEMSE. Auditorías conjuntas, registros fiscales y profesionalización de equipos son buenos pasos, pero chocarán contra un muro si la provincia mantiene a su estatal como socio forzado.
La industria del litio en Argentina muestra crecimiento acelerado, pero Jujuy se arriesga a quedar rezagada. JEMSE no es solución, es el problema de fondo. Si la provincia no corrige el rumbo, seguirá viendo cómo Salta y Catamarca cosechan los beneficios del “oro blanco” mientras Jujuy mira, atada a una empresa que impide, más que impulsar, el ingreso de recursos y el desarrollo genuino.
