El Expreso de Jujuy
La abogada Alejandra Cejas, representante de la Comunidad de Santa Rosa, cuestionó duramente al juez Juan Pablo Calderón por el operativo de desalojo realizado ayer lunes en Humahuaca y sostuvo que el magistrado debe hacerse responsable por las consecuencias de la medida judicial.
“Es el juez el que tiene que tener el criterio y hacerse cargo de las decisiones que toma”, afirmó Cejas, al ser consultada sobre quién considera responsable de la intervención policial.
Según la letrada, el procedimiento terminó con nueve personas detenidas y al menos 15 heridas, aunque advirtió que podría haber más personas afectadas que no concurrieron a recibir atención médica por temor a ser nuevamente detenidas.
La abogada presentó durante la tarde un recurso de amparo y un hábeas corpus en representación de integrantes de la comunidad afectados por el operativo. Aproximadamente una hora y media después, todos los detenidos recuperaron la libertad.
Cejas relató que, cuando comenzó el operativo y la represión, varios menores huyeron y se dispersaron por distintos sectores. Algunos fueron recibidos y resguardados por familias de la zona, mientras sus padres permanecían detenidos.
“Los niños se escaparon y se resguardaron donde pudieron”, señaló la abogada, quien aseguró que finalmente todos fueron localizados y que alrededor de las 23 del lunes ya tenían información sobre su paradero.
La representante legal cuestionó además la actuación de los organismos vinculados con la protección de la niñez que se encontraban en el lugar y sostuvo que no se habría garantizado debidamente el resguardo de los menores.
Balas de goma, gases y falta de asistencia médica
Cejas denunció que integrantes de la comunidad recibieron impactos de balas de goma y fueron alcanzados por gases lacrimógenos durante el operativo.
También cuestionó la falta de asistencia sanitaria y confirmó que la abogada Yanis presentó una denuncia penal por este aspecto.
“Lo urgente era el resguardo de vidas, la protección de las personas, la salud y, sobre todo, encontrar a los chicos y las chicas que estaban perdidos”, explicó.
La letrada sostuvo que no se opone al cumplimiento de una orden judicial, pero afirmó que la medida debía ejecutarse respetando los derechos de personas que no eran destinatarias del desalojo.
Un conflicto por los límites territoriales
La intervención judicial se produjo en el marco de un conflicto entre familias de la zona y la Comunidad de Santa Rosa por la ocupación y delimitación de terrenos.
Desde la comunidad sostienen que existe un problema entre el registro catastral y los planos de la zona. Cejas afirmó que esta situación ya había sido planteada ante la Justicia y que recién hoy, un día después del operativo, pudieron acceder al expediente civil.
La abogada remarcó que Santa Rosa posee personería jurídica desde la década de 1990 y que sus integrantes defienden históricamente el territorio que consideran comunitario.
“Lo que se pidió es respetar los derechos de terceros”, sostuvo Cejas, quien aseguró que la comunidad no intentó impedir el cumplimiento de la orden judicial.
Denuncian destrucción de viviendas
Cejas también confirmó que durante el operativo hubo viviendas que fueron destruidas. Anticipó que este aspecto será analizado y denunciado por las vías judiciales correspondientes.
Por ahora, todos los detenidos recuperaron su libertad y los menores que habían huido fueron encontrados.
La abogada adelantó que junto a las demás representantes legales de la comunidad analizarán el expediente para determinar el alcance de la orden judicial y las responsabilidades que pudieran surgir por el procedimiento realizado ayer lunes.
Esta versión deja al juez Calderón en el centro del título, la bajada y el primer tramo de la información, y después desarrolla las consecuencias del operativo.
