Fernando Burgos
Jayat sostiene que "la Nación no asiste a los municipios, no hay ninguna ley que lo obligue". Esta afirmación es jurídicamente falsa y demuestra un alarmante desconocimiento del federalismo fiscal o, peor aún, una intención deliberada de engañar al contribuyente.
Si bien es cierto que los giros discrecionales se retrasaron, el sistema de coparticipación actual (Ley 23.548) establece que el conducto regular de los fondos es provincial. La Constitución manda que la Nación coparticipe a las Provincias y estas a los Municipios.
¿Por qué el Intendente insiste en pedirle a Nación lo que le corresponde gestionar ante la Provincia de Jujuy? Saltarse este eslabón no es más que una maniobra política para eludir responsabilidades.
Además, la existencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es una excepción discrecional, no la regla. Reclamar ATN como si fuera un derecho adquirido es confundir la dádiva política con la obligación legal. Si los recursos no llegan, el responsable de reclamar formalmente en los estrados judiciales es el Gobernador, no el Intendente, a quien la ley le delega funciones ejecutivas locales, no juicios de valor contra el estado central.
El nudo gordiano de la Coparticipación: ¿Victima o rehén?
La queja sobre la "dificultad para aprobar una nueva ley de coparticipación en 15 años" es real como problema de Estado, pero utilizarla como excusa para la crisis local resulta cínico.
Es cierto que el Congreso no logra un nuevo pacto porque es un juego de suma cero donde nadie quiere perder recursos, y porque la Nación retiene el 75% de la recaudación discrecional. Sin embargo, mientras el Intendente espera sentado una ley nacional que nunca llegará, ignora que su verdadera responsabilidad está en negociar con la Legislatura Provincial.
La parálisis nacional no exime a los municipios de ordenar sus cuentas. De hecho, la falta de acuerdo nacional es el escenario perfecto que los intendentes usan como "chivo expiatorio" para esconder que no quieren fiscalizar a los grandes contribuyentes locales ni ajustar el gasto político propio.
El Gobernador no es un escudo
Jayat afirma que el reclamo debe hacerlo el Gobernador. Técnicamente, tiene razón. Legalmente, es la provincia la que debe accionar contra la Nación si se siente desatendida.
Pero aquí aparece la verdadera agenda política: "Si el Gobernador no pelea, nosotros lo hacemos". Esta postura, aunque suena a valentía, es un acto de insubordinación federal y una muestra de debilidad institucional. Si el Gobernador (sea del signo que sea) no presiona, el Intendente debería usar los mecanismos republicanos (como el amparo o el litigio) en lugar de hacer show mediático. Esconderse detrás de la "pasividad del Gobernador" es una confesión de que el intendente no tiene poder real de fuego político para exigir en la mesa chica lo que no consigue en los tribunales.
Los muertos que sí son del Intendente
El punto más doloroso y donde Jayat intenta correr el arco es en el "desplome de los ingresos propios". El intendente culpa a la crisis nacional, pero la evidencia indica gestión municipal ineficiente.
Primera razón, un catastro obsoleto. Muchos municipios siguen cobrando tasas sobre valores de hace décadas. Si el intendente no actualiza el catastro o no implementa tecnología para fiscalizar a comercios que pagan menos de lo que deben, la culpa es exclusivamente de su gestión.
Segundo, los municipios fantasma. La Ley Orgánica de Municipios establece que el intendente es el "administrador legal y único" de los recursos. Si la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene cae, no es por "la recesión", sino porque la planta de inspectores es ineficiente o está dedicada a hacer política, no a controlar.
El pacto de la mediocridad: Existen municipios que viven de la renta de la coparticipación y nunca desarrollaron una política tributaria propia. Cuando el estado nacional o provincial ajusta, estos municipios mueren solos.
Pero además la política tributaria municipal es extorsiva y obsoleta. Actualmente la política tributaria municipal está "en terapia intensiva", y es cierto. Mientras Jayat protesta, su municipio probablemente mantiene un esquema impositivo regresivo que mata el empleo local.
Queda en evidencia cuando vemos un impuesto en cascada. Por ejemplo, la Tasa de Seguridad e Higiene (que grava la facturación) es el peor impuesto para una recesión. Si una empresa vende menos, el intendente sube la alícuota para mantener la recaudación, logrando el efecto contrario: la quiebra del comercio y la fuga a la informalidad.
Ante la falta de equidad, el ciudadano de bien, aquel que tiene su monotributo al día, es castigado con tasas altísimas. El vendedor ambulante o la obra en negro tributan cero. La política del intendente no es recaudatoria, es recaudadora fácil sobre los más débiles.
La tasa que mata al pueblo
Finalmente, el intendente debe entender una realidad sociológica: en la crisis, el ciudadano no paga los impuestos porque no puede. Cuando la inflación licúa el salario, la gente prioriza el plato de comida sobre la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
Sin embargo, la mayoría de los municipios optan por la judicialización masiva de deudores (que no lleva a nada porque la gente no tiene bienes a su nombre) en lugar de ofrecer planes de pago reales o reducir el gasto político para bajar la presión fiscal.
La crisis es real, pero la falta de empatía fiscal y la necia insistencia en mantener una estructura municipal sobredimensionada también lo son.
Si bien la situación del país es difícil y el ajuste nacional es implacable, la gestión de un intendente no se mide por la cantidad de veces que le echa la culpa a un gobierno de turno, sino por la calidad de los servicios que presta con lo que tiene. La Nación estará lejos, pero la basura en la calle, las tasas desactualizadas y los sueldos políticos del municipio son responsabilidad exclusiva del Intendente Jayat.
Jayat, deje de mirar a Buenos Aires y empiece a mirar su propio D.E.M. (Departamento Ejecutivo Municipal).
