El Expreso de Jujuy
El Gobierno nacional logró este jueves una victoria parcial en el Senado al obtener la aprobación de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica el régimen de desalojos y endurece las condiciones para las expropiaciones. Sin embargo, el resultado dejó en evidencia los límites de la construcción política del oficialismo, que durante la negociación debió resignar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto: la modificación de la Ley de Tierras Rurales y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
La norma fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una extensa sesión marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
El respaldo fue aportado por los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve legisladores de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y representantes de bloques provinciales, entre ellos los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola y la chubutense Edith Terenzi.
En la vereda opuesta se ubicaron el interbloque Justicialista, Convicción Federal, los bloques provinciales de Independencia y Primero los Salteños, además de Alejandra Vigo, Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Dos retrocesos durante la negociación
La sanción llegó luego de sucesivas concesiones del oficialismo para asegurar los votos necesarios.
El primer repliegue se produjo antes del inicio del debate, cuando el Gobierno retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, ante el rechazo de gobernadores y legisladores dialoguistas que cuestionaban los cambios vinculados a la extranjerización de tierras.
El segundo revés se concretó durante la sesión. El oficialismo tampoco logró reunir respaldo para modificar la Ley de Manejo del Fuego y debió eliminar ese apartado del proyecto.
Entre quienes rechazaron esa reforma estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger; la chubutense Edith Terenzi; Flavia Royón; Alejandra Vigo; José Carambia; Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes de Misiones.
La legislación vigente, sancionada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en las tierras destinadas a actividades agropecuarias. El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que perjudican a los propietarios de los inmuebles incendiados.
En cambio, el capítulo referido a los desalojos sí prosperó, aunque con una abstención: Edith Terenzi decidió no acompañar ese punto, por lo que obtuvo 36 votos afirmativos.
Cambios en desalojos y expropiaciones
El proyecto aprobado establece un procedimiento sumarísimo para los desalojos por ocupaciones ilegales, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles.
Además, modifica aspectos del régimen de expropiaciones, uno de los puntos que concentró las críticas de la oposición durante toda la jornada.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo que la iniciativa busca "simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales", al tiempo que afirmó que la reforma garantiza el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por un fuerte enfrentamiento discursivo entre el oficialismo y el peronismo.
El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como "un asco" y afirmó que la modificación al régimen de expropiaciones "es inconstitucional de cabo a rabo". También sostuvo que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes o empresas que pasen al sector privado.
En representación del mismo bloque, el senador Daniel Bensusán definió la propuesta como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y cuestionó el trámite parlamentario al señalar que el nuevo dictamen fue distribuido apenas una hora antes del inicio del debate y con numerosas modificaciones.
La senadora Ana Marks sostuvo que concebir la tierra únicamente como un bien económico implica "estar en contra del pueblo", mientras que también cuestionó el nuevo régimen de desalojos por considerar que el Estado no ofrece respuestas a la crisis habitacional.
La defensa oficialista
Desde La Libertad Avanza, la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, aseguró que la ley "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados por el Estado" y sostuvo que la iniciativa permitirá proteger a los propietarios frente a las usurpaciones.
"Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger", afirmó durante el cierre del debate.
En la misma línea, el senador Gonzalo Guzmán Coraita sostuvo que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible", mientras que Nadia Márquez defendió la norma al considerar que promueve el fin de las usurpaciones, agiliza la recuperación de inmuebles y brinda mayor seguridad jurídica para las inversiones.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad respaldó la defensa de la propiedad privada, aunque advirtió que las inversiones no llegarán únicamente por flexibilizar normas. "Las inversiones vendrán cuando exista estabilidad, instituciones sólidas y una política exterior coherente y sostenida en el tiempo", señaló.
Con la aprobación de la ley, el Gobierno consiguió uno de los objetivos legislativos que se había propuesto para este período parlamentario. No obstante, el costo político fue resignar dos de las reformas que consideraba estratégicas, una señal de que, aun con mayoría circunstancial, el oficialismo continúa dependiendo de complejas negociaciones con los bloques dialoguistas para avanzar con su agenda.
Esta versión está pensada para diario impreso, con un desarrollo más narrativo, contexto político, subtítulos de lectura rápida y un cierre que interpreta el resultado legislativo sin editorializar.
