El Expreso de Jujuy
Mientras en la Legislatura de Jujuy comenzó a debatirse un proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias –especialmente en causas de género–, la doctora Gabriela Burgos, ministra del Ministerio Público de la Defensa, aportó su mirada institucional sobre el tema.
“En estos momentos ha ingresado un pedido a la Legislatura provincial vinculado a un proyecto de un delegado para la creación de un observatorio de denuncias falsas”, relató Burgos. Sin embargo, aclaró que desde su cartera no llevan estadísticas propias sobre la magnitud del fenómeno.
Este dato podría ser de valor significativo, para conocer la realidad en la provincia y la conveniencia o no de impulsar una ley que pueda ser útil para el ámbito judicial y la sociedad
“No tenemos estadísticas de eso. Esa estadística la manejaría o la debería manejar el Ministerio Público de la Acusación. Nosotros tenemos asistidos que son imputados por algunas causales y se lleva adelante el proceso”, señaló.
La funcionaria admitió que, en su labor cotidiana, sí han detectado casos donde “la imputación no estaba bien sostenida” o “la denuncia no estaba bien encaminada”. En esos escenarios, explicó, el resto de los estamentos de la justicia deben imputar por falso testimonio o denuncia falsa, ya que ese tipo de conductas ya están tipificadas en el Código Penal desde hace mucho tiempo.
“Al detectar que hay una falsa denuncia, tienen que hacer las imputaciones correspondientes y generar un proceso determinado. Poner en movimiento todo el sistema de justicia por una denuncia falsa tiene consecuencias”, advirtió.
Burgos vinculó el proyecto actual con un antecedente legislativo: “Tengo entendido que la doctora Daniela Vélez había presentado algo similar el año pasado, pero no prosperó, no fue trabajado dentro de la legislatura”.
No obstante, valoró la iniciativa y destacó que el debate debe darse con responsabilidad ciudadana. “Creo que los cambios se tienen que generar. Hay que debatir estos temas importantes para la sociedad: lo que significa hacer una denuncia y poner en movimiento todo el aparato de justicia, pero también lo que implica generar una denuncia que no es correcta hacia terceros. En buena hora y bienvenido sea un debate de esta naturaleza”, concluyó en este tramo.
Evidencia digital
En un plano completamente distinto, pero igualmente sensible, la Dra. Burgos reveló que desde su ministerio trabajan en la elaboración de un protocolo para la incorporación y manipulación de la evidencia digital en procesos judiciales, tanto penales como civiles.
“La idea principal es trabajar en la elaboración de un protocolo. Esto está encaminado a ver cómo se marca la trazabilidad, la responsabilidad, la forma de seguimiento, la incorporación, la manipulación, direccionado a los procesos, no solo penales, sino también civiles”, detalló.
La necesidad surgió, explicó, porque en el país no existe un código digital específico para este tipo de pruebas. “La evidencia digital es muy sensible, muy concreta, muy delicada. Lo que uno tiene que evitar es la contaminación de la misma”, enfatizó.
La idea, según relató, nació tras un congreso al que asistió. Luego lo conversó con la Universidad Fasta, que suma especialistas e ingenieros con experiencia en otras disciplinas. “Sumar al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio de Seguridad. Esto va a traer, sin lugar a dudas, transparencia en el proceso”, aseguró.
Burgos remarcó que hoy los peritos forenses trabajan con parámetros internacionales o en base a experiencias propias, pero sin una hoja de ruta común. “No existe un protocolo de cómo manejarlas o manipularlas específicamente. Los técnicos lo hacen en base a experiencias o parámetros internacionales que no son los nuestros. La idea es marcar una hoja de ruta, un protocolo que va a ser seguido por ambas partes”, subrayó.
Finalmente, vinculó esta iniciativa con el debido proceso y las garantías judiciales: “Los procesos se tienen que hacer conforme a derecho. El debido proceso tiene que estar presente en cualquier instancia. Esto sin duda va a repercutir positivamente en la calidad del servicio que cada uno de los ministerios cumple”.
