GOBIERNO CUESTIONÓ PROYECTO PARA ELIMINAR LA AFILIACIÓN OBLIGATORIA AL ISJ

El vocero oficial, Alberto Siufi, se refirió a la iniciativa presentada por el diputado Federico Canedi y sostuvo que abrir el sistema para que cada empleado estatal elija libremente su obra social podría afectar el financiamiento del ISJ. También habló del paro docente y de los alcances de la nueva legislación sobre el derecho de huelga.
JUJUY03 de agosto de 2026El Expreso de JujuyEl Expreso de Jujuy

instituto de seguros de jujuy

Sobre el proyecto de ley impulsado por el diputado provincial Federico Canedi, que propone modificar el sistema de afiliación al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para permitir que los empleados estatales puedan optar libremente por otra obra social,  afirmó que la iniciativa "merece un debate en la Legislatura", aunque expresó reparos sobre las consecuencias que, a su entender, tendría para el funcionamiento del organismo.

Según explicó, el proyecto favorecería principalmente a quienes perciben los salarios más altos, ya que podrían derivar sus aportes hacia empresas de medicina prepaga, mientras que el Instituto conservaría mayoritariamente a los afiliados con mayores necesidades de cobertura.

En ese sentido, sostuvo que una eventual salida de los aportantes con mayores ingresos "terminaría desfinanciando y debilitando al Instituto", afectando su capacidad de prestación.

El vocero también señaló que, pese a las dificultades que enfrenta el ISJ y a los reclamos habituales de los afiliados, la obra social provincial desarrolla programas de prevención y seguimiento de enfermedades crónicas. Como ejemplo, mencionó la reciente presentación de una estrategia de gestión integral para pacientes con diabetes tipo 2, orientada a la detección temprana y el acceso al tratamiento.

Nueva normativa sobre el derecho de huelga

Durante sus declaraciones, Siufi también se refirió al paro docente y a la aplicación de la Ley 27.802 de modernización laboral.

Indicó que la norma establece restricciones para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales, entre ellos la educación, donde deberá garantizarse un funcionamiento mínimo del 75%.

Explicó que el control del cumplimiento de esa disposición corresponde al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de las agencias territoriales dependientes de la Secretaría de Trabajo, que deberán relevar información e informar a las autoridades nacionales.

No obstante, reconoció que existen interrogantes sobre la implementación práctica de esos controles y cómo se desarrollarán en el territorio.

En relación con el conflicto salarial, Siufi sostuvo que el Gobierno provincial mantiene abiertos los espacios de diálogo con los gremios mediante mesas técnicas, donde se analizan distintos puntos vinculados a las condiciones laborales, aunque remarcó que esos temas no forman parte de la negociación paritaria.

 

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