El Expreso de Jujuy
La crisis de la obra de la Ruta Nacional 34, en el tramo del Cuarteadero a San Pedro, ya dejó de ser solamente un conflicto financiero entre la empresa contratista y el Estado nacional. Hoy tiene como principales perjudicados a los trabajadores, que afrontan suspensiones sin goce de sueldo y la incertidumbre de una eventual paralización total de la obra.
La empresa sostiene que la Nación le adeuda aproximadamente 19.000 millones de pesos, situación que impide continuar con normalidad los trabajos. A ello se suma otra decisión que impactó directamente en el avance del proyecto: la reducción de las certificaciones mensuales, que pasaron de alrededor de 6.000 millones de pesos a 3.000 millones, prácticamente un 50% menos.
Esa disminución, según explicó el propio secretario general de la UOCRA Jujuy, Ramón Neyra, obligó a reducir el ritmo de ejecución y derivó en una fuerte caída del empleo. De una dotación cercana a los 380 trabajadores, hoy quedan unos 180, mientras que alrededor de 200 obreros fueron desafectados en los últimos meses.
La preocupación existe, pero las medidas no aparecen.
Sin embargo, la respuesta sindical anunciada consiste únicamente en esperar el plazo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo que habilita esas suspensiones y recién después convocar a una asamblea para evaluar los pasos a seguir.
Mientras tanto, no se anunciaron movilizaciones, reclamos públicos, gestiones judiciales ni medidas de fuerza para exigir el pago de la deuda o reclamar mecanismos de asistencia para los trabajadores afectados.
La postura genera interrogantes inevitables: si el propio sindicato reconoce la gravedad de la situación, ¿por qué la única estrategia es esperar?
Un doble rol bajo cuestionamiento
La pasividad cobra mayor relevancia por la posición política de Ramón Neyra. Además de conducir la UOCRA Jujuy, es diputado provincial por el oficialismo, una condición que inevitablemente alimenta cuestionamientos sobre la firmeza con la que el gremio enfrenta un conflicto que involucra tanto a la Nación como al Gobierno provincial.
Durante sus declaraciones, Neyra incluso destacó que mantiene diálogo permanente con el Gobierno de Jujuy y pidió a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza que intercedan para destrabar los pagos.
Sin embargo, para muchos trabajadores la expectativa de nuevas gestiones políticas resulta insuficiente frente a una realidad inmediata: llevan semanas sin certezas laborales y ahora permanecen suspendidos sin ingresos.
La obra, cada vez más cerca de detenerse
El dirigente sindical confirmó que, si al finalizar los 20 días la deuda continúa impaga, la empresa analiza paralizar completamente el frente de obra.
La reducción de las certificaciones ya provocó la pérdida de más de la mitad de los puestos laborales vinculados a esta obra. Ahora, la amenaza alcanza a los 180 trabajadores que aún permanecen vinculados al proyecto.
Los trabajadores, los únicos que siguen pagando la crisis.
La preocupación expresada por la conducción gremial resulta comprensible, pero también abre un debate sobre el verdadero papel que debe asumir un sindicato frente a una crisis laboral de esta magnitud. Porque cuando cientos de familias quedan sin ingresos, la representación sindical no suele medirse por las declaraciones de preocupación, sino por la capacidad de defender activamente los derechos de sus afiliados.
Con la posibilidad concreta de una paralización total de la obra y sin respuestas sobre el pago de la deuda nacional, la incertidumbre crece. Y mientras pasan los días, los obreros siguen esperando no solo que aparezcan los fondos, sino también que alguien decida representarlos con acciones concretas.
