El Expreso de Jujuy
Sin embargo, la negociación ya trascendió la contabilidad del proyecto base, gobernadores y bancadas aliadas supeditaron su apoyo a una agenda de leyes paralelas, reclamos impositivos y fondos clave.
En el centro del tablero de prioridades regionales aparece el proyecto de biocombustibles. Mandatarios como Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) condicionan la viabilidad del acuerdo presupuestario al destrabe de esta iniciativa, frenada en las últimas horas por contrapuntos con legisladores bonaerenses.
Para las provincias del Norte Grande y de la Región Centro, el avance del marco regulatorio de los biocombustibles no es solo un reclamo sectorial, sino una llave política indispensable para avalar las proyecciones del Ejecutivo.
El oficialismo cuenta con una tropa propia de 95 diputados (dentro del bloque de LLA) y requiere consolidar un piso de 129 bancas para habilitar el tratamiento. Para construir una mayoría holgada que alcance los 138 votos, Casa Rosada y la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem, apuestan a tejer alianzas con el PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.
No obstante, el pliego de condiciones de los aliados es amplio:
Impuesto a los Combustibles e infraestructura: Los bloques provinciales exigen una rebaja del tributo argumentando el incumplimiento en el mantenimiento de las rutas nacionales, además de garantías definitivas de fondos para el área de discapacidad.
Reclamos del PRO: La bancada exige la ratificación del esquema de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —asunto en el que negocian directamente el ministro Luis Caputo y el jefe de Gobierno Jorge Macri—, la reducción del IVA del 21% al 10,5% para el huevo y sus derivados, y certezas sobre los plazos de obra pública.
Agenda UCR y Universidades: La bancada radical condiciona su aval al tratamiento de la ley de incentivo a las inversiones relevantes, impulsada por el senador Eduardo Vischi. A la par, el financiamiento universitario genera tensión: mientras el Ejecutivo contempló $7,3 billones, las casas de altos estudios reclaman elevar la partida a $11 billones.
Las proyecciones del marco macroeconómico
El proyecto de ley prevé gastos totales consolidados por $216 billones (un incremento del 25,3% respecto al período base) frente a recursos estimados en $219,3 billones (un alza proyectada del 26,2%).
En el plano de las variables macroeconómicas, el Palacio de Hacienda proyecta una inflación anual del 21,3% para 2027 y un tipo de cambio nominal a $1.847 para fines de diciembre (con un promedio de $1.728). Asimismo, en materia de gasto, la inversión en servicios sociales absorbería $150,9 billones, en tanto los servicios de la deuda demandarán $18,6 billones, en un contexto donde el Gobierno prevé un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una ligera expansión del consumo público del 0,6%.
El oficialismo busca cerrar las fisuras esta misma semana antes del viaje institucional del presidente Javier Milei a Madrid junto a Karina Milei. El margen de maniobra es ajustado y la resolución sobre los biocombustibles y los fondos provinciales definirá si la ley madre de la economía logra luz verde antes de fin de mes.
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Fuente: INFOBAE
