Fernando BurgosEl peronismo del norte argentino atraviesa una crisis de identidad que ya no puede ocultarse tras los eufemismos de la "unidad". Lo que esta semana ocurrió en Jujuy –con la anulación judicial de la intervención dispuesta por Cristina Kirchner y la designación del salteño Ricardo Villada como nuevo interventor del PJ local– no es un simple capítulo de la interna eterna del justicialismo. Es la constatación de una fractura profunda: una parte del peronismo, la que gobierna provincias como Salta, Catamarca y Tucumán, ha decidido que su supervivencia pasa por acercarse al presidente Javier Milei, aunque eso implique dinamitar las estructuras tradicionales del partido.
El fallo del juez federal de Jujuy no sólo deja sin efecto la suspensión de 300 afiliados –entre ellos la senadora Carolina Moisés, señalada por el “cristinismo” como "traidora" por apoyar el RIGI–, sino que envía un mensaje político contundente: los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo tienen ahora un aliado en la Justicia y un plan que pasa por desembarazarse de la tutela kirchnerista. La designación de Villada, exministro de Sáenz, es un guiño explícito a esa ala "dialoguista" que ya no esconde su comodidad con las políticas libertarias.
La agenda del "no" contra la agenda de la gestión
"El peronismo tiene que salir de la agenda del conurbano y del no", declaró esta semana Jalil, en una frase que resume el nuevo credo de estos gobernadores. Pero ¿qué significa eso en los hechos? Significa respaldar leyes como de los Glaciares –cuestionado por asociaciones ambientalistas y por la propia tradición industrialista del peronismo– y mostrar sintonía con la Casa Rosada mientras se rompen los bloques legislativos en el Senado y Diputados. Significa, en definitiva, vaciar de contenido cualquier intento de oposición coordinada a las políticas de ajuste de Milei.
No se trata de defender una "agenda vieja", como despectivamente etiquetan los disidentes. Se trata de preguntarse si el peronismo puede seguir llamándose tal cuando sus referentes del norte eligen aliarse con un presidente que niega la justicia social, desfinancia las universidades públicas y celebra la precarización laboral. El pragmatismo de gobernadores que necesitan fondos y obras no es nuevo, pero lo que hoy está en juego es la pertenencia misma al campo nacional y popular.
Una tercera vía que huele a entreguismo
El grupo que lideran Sáenz, Jalil y Jaldo fantasea con forjar una alternativa electoral propia para 2025, una "tercera vía" que los distancie tanto del kirchnerismo como de Milei. Pero la realidad es más cruda: en el toma y daca de la política argentina, lo más probable es que terminen sellando acuerdos con la Rosada a cambio de recursos para sus provincias. No habrá tercera posición heroica, sino una larga negociación donde el peronismo cederá sus banderas históricas por migajas de poder.
La reacción del PJ Nacional no se hará esperar. Es probable que se recuse al juez federal de Jujuy y se lleve la disputa al terreno de la jueza electoral María Servini, donde el cristinismo aún tiene influencia. Pero más allá de las batallas judiciales, el daño político ya está hecho: el peronismo del norte mostró que prefiere entenderse con Milei antes que resolver sus diferencias internas con diálogo y votos.
Los patriotas del peronismo
Moisés, Rivarola y Jenefes –los mismos que fueron suspendidos por apoyar al Gobierno– son ahora los ganadores de esta pulseada. Han logrado que la Justicia federal les devuelva la personería partidaria mientras construyen puentes con un presidente que nunca escondió su desprecio por la política tradicional. Si eso es "gobernar", como justifican Jaldo y Jalil, entonces el peronismo ha dejado de ser un movimiento de liberación nacional para convertirse en una mera gestión administrativa sin brújula.
Mientras tanto, los miles de afiliados que aún creen en las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica miran con estupor cómo sus referentes del norte cambian el escudo peronista por un abrazo incómodo al León. El precio de esa alianza, advierten las bases, podría ser la pérdida definitiva del alma justicialista. Y eso, a diferencia de una intervención partidaria, no lo revoca ningún juez.
