Fernando Burgos
Los recortes presupuestarios y el deterioro de las rutas provocaron que cayera la velocidad media de circulación, la disparada de los costos logísticos, la baja de competitividad regional y el aumento de la siniestralidad vial.
Según diagnosticaron, la situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Red Vial Nacional no es el resultado de errores de gestión, limitaciones técnicas ni faltade recursos. Es la consecuencia directa de una decisión política deliberada: vaciar al Estado de su capacidad vial, paralizar el mantenimiento y degradar una función estratégica que sostiene la seguridad, la producción y la integración territorial del país.
Desde diciembre de 2023, la DNV atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación. El intento de disolución mediante el Decreto 461/2025 —luego rechazado por el Poder Judicial y el Congreso—dejó en evidencia una ofensiva ideológica contra la infraestructura pública. Aunque la disolución fue frenada, el vaciamiento continúa por otras vías: expulsión de personal técnico altamente calificado, congelamiento salarial, retiro voluntario forzado y asfixia presupuestaria sistemática.
Más de 800 trabajadores especializados ya fueron expulsados del organismo y se proyecta la salida de otros 900. No se trata de “eficiencia”: es una política de destrucción del capital humano acumulado durante décadas. Hoy la DNV existe formalmente, pero ha sido transformada en un cascarón institucional, sin capacidad operativa real para cumplir su función.
En paralelo, el ajuste presupuestario es brutal y deliberado. El Presupuesto 2026consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023, a lo que se suma una subejecución superior al 50% durante 2024 y 2025. Incluso los fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos —creado para financiar rutas— no se ejecutan, pese a que la recaudación existe y los usuarios siguen pagando. No hay restricción fiscal: hay decisión política de no invertir.
Las consecuencias son visibles y medibles. Entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo. El mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo” hasta el próximo accidente. La velocidad media cae, los costos logísticos se disparan, la competitividad regional se erosiona y la siniestralidad vial aumenta. Las muertes en rutas no son estadísticas inevitables: son muertes evitables, resultado directo de decisiones políticas.
La ruptura del pacto fiscal vial es total. Los ciudadanos pagan impuestos para rutas que no se mantienen, no se rehabilitan y no se construyen. La falta de trazabilidad de los fondos erosiona la legitimidad del Estado y alimenta conflictos territoriales, judiciales y sociales. No sorprende que en muchas rutas la sociedad haya comenzado a organizarse, señalizar peligros y reclamar en las calles lo que el Estado dejó de hacer.
El problema de la red vial nacional no es técnico. Los diagnósticos existen, los proyectos están formulados y los recursos están disponibles. El problema es político y decisional. Persistir en este rumbo no es ajuste ni modernización: es abandono. Cada kilómetro no mantenido hoy es un pasivo técnico, económico y judicial mañana. Cada peso “ahorrado” hoy se multiplicará por tres, cinco o más en reconstrucción futura.
La infraestructura vial no es un gasto: es inversión pública, seguridad, desarrollo y soberanía. Desmantelar la DNV implica más muertes, más desigualdad territorial y mayor dependencia de esquemas concesionados sin control público. La discusión no es peaje sí o no, ni obra pública sí o no: la discusión es si el Estado cumple o abdica de una de sus funciones esenciales.
Las rutas no colapsaron por azar. Están siendo abandonadas. Y ese abandono tiene responsables políticos concretos.
Los datos oficiales del SIG VIAL muestran que al menos el 60% de la Red VialNacional se encuentra en estado regular o malo, con mediciones parciales ydesactualizadas. Proyecciones conservadoras indican que el deterioro realpodría alcanzar al 65% y un 70% de la red, afectando rutas estratégicas en todaslas provincias.
