Las constantes alzas de precios tanto en comercios minoristas y mayoristas, que modifica permanentemente el costo de la canasta básica alimentaria, aún en tiempo de pandemia por el coronavirus, motivó al Diputado Nacional José Luis Martiarena, la presentación de un proyecto de ley para la creación del Programa Nacional de Fiscalización y Control de precios.
NACIONALES23 de julio de 2020
El Expreso de Jujuy
A pesar de estar en vigencia disposiciones nacionales donde se regula los precios de productos alimentarios, las provincias del interior sufren constantes atropellos en los precios finales, motivados en el transporte, logística y distribución, sectores donde no se llega a fiscalizar adecuadamente.
Esta situación determinó la necesidad de una acción conjunta entre el gobierno Nacional, el CABA, las provincias y los municipios para un efectivo control en la cadena de distribución.
El Programa Nacional de Fiscalización y Control de Precios Mayoristas y Minoristas se aplicará en todo el territorio de la República Argentina, bajo la órbita de la Secretaria de Comercio interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Tiene por objetivo, fortalecer las acciones de control de precios en toda la cadena de comercialización de los productos alcanzados por las Resoluciones internas de la Secretaria de Comercio Interior. Además, de promover la lealtad comercial entre los sujetos del mercado interno y brindar asesoramiento e información.
Por otro lado, se procura articular las acciones conjuntas con las jurisdicciones provinciales y municipales, optimizando recursos y unificando esfuerzos a los fines de lograr resultados efectivos, impulsando la disminución de costos para la ciudadanía y planificar adecuados márgenes de utilidad restableciendo niveles equitativos de precios en virtud de la grave situación de emergencia que se vive el país entero.
Par ello será necesario que todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios de todo el país adhieran a la presente Ley, para realizar la fiscalización y control del cumplimiento de las Resoluciones de la autoridad de aplicación de la Ley 20.680 en los supuestos del artículo 15.
Las actuaciones administrativas que surgieran de dichas acciones deberán elevarse a la autoridad de aplicación en el plazo no mayor de cuarenta y ocho horas de labradas las actas correspondientes
Paralelamente se propone la creación de un Registro Nacional de Infractores del Programa de Control y Fiscalización de Precios de toda la cadena de comercialización desde su producción hasta su llegada al consumidor final.
El mismo deberá organizar y actualizar las faltas, su estado y responsables, como así también todo otro dato de interés y/o antecedente.
Para cumplir ese objetivo, se establece en el proyecto informar por medios de comunicación pública y pagina web de la autoridad de aplicación las constancias del registro de infractores, como así también se comunicará a los organismos pertinentes del Poder Ejecutivo Nacional. También se requerirá la Participación Ciudadana a través de la Secretaria de Comercio Interior quien deberá dictará las normas complementarias pertinentes, como así también formulara las invitaciones correspondientes a las organizaciones de defensa del consumidor para participar del presente Programa, fomentando la participación ciudadana en el Control y Fiscalización de Precios, los que deberán consultar y denunciar a los supuestos infractores en la plataforma digital habilitada por el Ministerio de Producción para su recepción.
El proyecto de ley, ingresó hoy a la Cámara Baja mediante Exp. Nº 3651-D-2020.
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