Fernando Burgos
En total son cinco las familias que rechazan la acción solicitada por el fiscal regional Fernando Alancay, mientras que otras diez aceptaron un "convenio compulsivo" para su traslado a un predio donde "no hay agua de red ni electricidad", según denunciaron.
"Aquí vivo hace años, yo no usurpé nada", expresó la vecina que se encadenó y se niega a ser reubicada pese a las "amenazas e intimaciones" que recibieron los vecinos del lugar para ser trasladados por cuestiones de seguridad.
Varios de ellos poseen el título de propiedad que data de 1994, habitan esas viviendas desde hace más de 30 años, incluso antes de la privatización del exferrocarril General Belgrano.
En su momento decidieron comprar esas casas, conforme la Ley 24146, por lo que están haciendo valer los derechos de propiedad ante un clima de tensión que viven en estos días, con una fuerte presencia policial para hacer cumplir la orden judicial.
"Hay disparidad en cuanto al desalojo que se hace y eso se genera mucho enojo entre los vecinos de Tilcara", indicó a Télam la abogada Alejandra Cejas que patrocina a algunas familias afectadas.
La letrada presentó varios recursos ante la justicia provincial tendiente a frenar los desalojos, y sobre uno de ellos tendrá "audiencia de nulidad" la semana próxima, según le comunicaron esta mañana.
"No están interrumpiendo las vías, están a una distancia segura", sostuvo y advirtió que la orden judicial "no se aplica con igual criterio" con otros inmuebles vecinos.
"Quieren hacer locales comerciales para los turistas porque es un tranvía turístico y lo que están haciendo es afectar derechos individuales so pretexto del armado de expedientes penales", afirmó.
La llegada del tren turístico solar, que fue puesto sobre los rieles hace unos días y espera de los permisos correspondientes para empezar a funcionar, será inaugurado oficialmente en diciembre próximo con un viaje desde la localidad de Volcán hasta Tilcara, aunque su funcionamiento a pleno comenzará en febrero o marzo.
En junio de 2022, el Ministerio Público de la Acusación dio lugar a la denuncia de los responsables del proyecto del tren turístico y varias familias fueron intimadas a abandonar sus casas y unas 15 mantienen una acusación judicial por "usurpación" al resistirse a la medida.
"Los predios a donde han sido llevados lo que ya firmaron el convenio son terrenos vacíos y cuentan con una habitación y un baño. Ante las amenazas prefirieron eso", refirió Cejas y remarcó que "el Estado provincial no tiene ley que avale la propiedad de esas tierras que son del estado nacional".
Por otro lado, consideró que "se está dando una situación de desalojo sin juicio" ya que "varias de las familias tienen título de propiedad" de sus casas.
