El Boletín Oficial publicó medidas que eliminan, fusionan o reestructuran áreas estatales, con transferencia de funciones y personal a ministerios y agencias.
INTERNACIONALES08 de julio de 2025
El Expreso de Jujuy
El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras. Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.
Organismos disueltos
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Transformaciones y fusiones
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
Criterios y reasignaciones
Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.
Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Organismos disueltos y su destino
Organismo
Destino de funciones
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
Subsecretaría de Transporte Automotor
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Secretaría de Transporte / Gendarmería Nacional
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Ministerio de Economía y Agencia de Control de Concesiones
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
Ministerio de Economía
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)
Ministerio de Economía
Delegaciones Sanitarias Federales
Ministerio de Salud
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
ANMAT / Ministerio de Economía
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Secretaría de Agricultura
Comisión Nacional de Semillas
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)
ANLIS-Malbrán
Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
Ministerio de Salud
SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad)
Ministerio de Salud
Organismos transformados y fusionados
Antes
Ahora / Nuevo destino
CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte
Junta de Seguridad en el Transporte
Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Instituto Nacional del Cáncer
Unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud
Hospitales Nacionales e INAREPS
Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Industria
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Industria
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El Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. “Moriremos todos en las rutas argentinas, es una vergüenza", dijo la jefa del gremio, Graciela Aleñá.
lunes 7 de julio de 2025 18:29
Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.
Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.
"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.
Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.
“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y ”su secuaz" Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.
Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.
"Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.
La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.
Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.
También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.
“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.
Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.
“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló.
“El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.
En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.
“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.
Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.
Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.
“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.
“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, alertó.
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