Fernando Burgos
"Se dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el caso Golpe de Estado", dictaminó el juez Sergio Pacheco, del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz.
En tanto, en las primeras horas de hoy comenzó un anunciado paro de actividades laborales en Santa Cruz, en el este rico de Bolivia, para exigir la liberación de Camacho.
"Estamos acá para inaugurar formalmente este paro cívico departamental de 24 horas. Un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador de Santa Cruz", afirmó el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, en conferencia de prensa.
La situación jurídica del gobernador de derecha se determinó esta madrugada al cabo de una audiencia de más de nueve horas celebrada en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, bajo fuertes medidas de seguridad, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
En la audiencia, el abogado defensor Martin Camacho presentó el recurso de incidente de aprehensión ilegal, por considerar que no se expuso la orden de aprehensión a la hora de la detención.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el acusado conocía la existencia del documento y también lo firmó. Además, dijo que existe el riesgo de fuga de Camacho y obstaculización del proceso de investigación.
El juez boliviano tomó en cuenta el riesgo de obstaculización en la investigación, tomando en cuenta la ola de vandalismo que se desencadenó el miércoles en Santa Cruz, con la quema de al menos siete edificios de instituciones públicas como la Fiscalía regional.
El gobernador Camacho, que también es el máximo opositor político al gobierno de Luis Arce (izquierda), fue aprehendido el miércoles por la tarde por la Policía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía boliviana, por no presentarse a declarar voluntariamente en la investigación del caso Golpe de Estado de 2019.
El líder opositor es acusado de terrorismo por organizar movilizaciones sociales y promover la rebelión de las fuerzas armadas en noviembre de 2019, que presionaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar al cargo, con el argumento de que se cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año.
El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de cárcel de entre 15 y 20 años, según el Código Penal.
El paro en rechazo a la detención del gobernador impulsado por el Comité pro Santa Cruz, una organización cívica que defiende los intereses de la región, comprende el cierre de instituciones públicas, comercios, bloqueos de carreteras y avenidas de la ciudad, y vigilias de los manifestantes.
